Madrid, 27 ago (EFE).- La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido al juez Juan Carlos Peinado aplazar su declaración del próximo 11 de septiembre porque su abogado tiene una citación en un juzgado de Arona (Tenerife) para ese mismo día, que fue fijada con anterioridad.
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, imputó a Begoña Gómez y a su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, por un delito de malversación y las citó a declarar de nuevo los próximos 10 y 11 de septiembre.
Sin embargo, en un escrito fechado el pasado día 21 y al que ha tenido acceso EFE, el letrado Antonio Camacho solicita el aplazamiento por motivos de agenda.
En concreto, explica que el pasado día 18 se le notificó el auto que acuerda las citaciones de los días 10 y 11 de septiembre, si bien menciona que con anterioridad a este señalamiento ya tenía fijada una declaración el día 11 ante el Juzgado de Instrucción 1 de Arona.
Por ello, pide que se acuerde en su lugar una nueva fecha para su práctica y aporta el auto de 17 de junio del juzgado de Tenerife para acreditar el problema que tiene de fechas.
El pasado día 18 Peinado dictó un auto en el que imputa a Begoña Gómez el delito de malversación por la contratación de Cristina Álvarez. Peinado ya investiga a la mujer de Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.
El juez recoge el auto de 12 de junio de la Audiencia de Madrid, en el que avalaba la investigación por un posible delito de malversación, relacionado con presuntas gestiones de la asesora en la cátedra que Gómez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
Ahora bien, el juez retoma esta investigación después de que el Tribunal Supremo archivase su petición de investigar al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por la contratación de Cristina Álvarez.
La Audiencia de Madrid dijo que «la investigación tendrá que centrarse en si (Cristina Álvarez) se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados».
