Madrid, 24 jun (EFE).- El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha explicado este martes que la exposición motivada del juez Juan Carlos Peinado que pide al Supremo la imputación de Félix Bolaños por malversación y falso testimonio «se erige sobre una respuesta que el ministro no dio».
Fuentes del Ministerio que dirige Félix Bolaños han explicado que «lo único bueno» de que se filtrara la declaración de Bolaños ante el juez Peinado «es que todo el mundo la pudo escuchar y puede cotejar lo que dice el ministro con lo que dice la exposición motivada».
Peinado, instructor de la causa contra Begoña Gómez, ha pedido al Supremo que investigue al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por malversación y falso testimonio en relación con la contratación de una asesora de la mujer del presidente del Gobierno.
Sin embargo, fuentes del Ministerio indican que el escrito del juez acusa al ministro de falso testimonio porque afirma que se le preguntó por la persona que realizó el nombramiento de la asesora Cristina Álvarez y dio el nombre de una persona que después negó serlo.
Sin embargo, apuntan, «la realidad es que el juez preguntó por el responsable (la persona que supervisa) a Cristina Álvarez y esa fue la información que el ministro proporcionó. Esa persona, en una declaración posterior, ratificó que ejercía esas funciones».
Así, afirman desde Justicia que «la exposición motivada se erige sobre una respuesta que el ministro no dio».
Respecto a la malversación, el escrito de juez afirma que los responsables de la Secretaría General de la Presidencia eran los responsables del nombramiento de Cristina Álvarez y que debían conocer un supuesto uso irregular de recursos públicos en favor de actividades privadas de Begoña Gómez.
Sin embargo -señalan- «tal y como se puede leer en la documentación aportada y la legislación aplicable, y han ratificado los testigos, la Secretaría General no realizó el nombramiento de Cristina Álvarez y Cristina Álvarez no dependía de este departamento».
Además, subrayan, «no hay un solo indicio de que haya el menor uso irregular de recursos públicos».
«Es paradójico que el escrito lo califique de ‘público y notorio’ cuando la causa lleva meses instruyéndose y no hay ningún hecho que sustente esta afirmación», denuncian.
Para el departamento que dirige Bolaños, «estamos ante un caso parecido al de Juan José Güemes, al que se imputó en base a unas declaraciones que el testigo no realizó, y un tribunal superior (la Audiencia Provincial de Madrid) rectificó el error».
«Confiamos en que en esta ocasión el resultado sea el mismo», subrayan.
Señalan que el Gobierno está tranquilo, pero «también preocupado por cómo esta decisión afecta a la imagen de la Justicia».
