La Paz, 14 ago (EFE).- Después de casi 20 años de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), Bolivia se encuentra a cuatro días de dar un giro abrupto por el casi inminente regreso de un gobierno de derecha, que, según analistas, deberá cimentarse sobre la base de «pactos y negociaciones» con otras fuerzas políticas si desea la gobernabilidad.
El empresario opositor Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, lidera las encuestas desde junio, seguido muy de cerca por el también opositor y expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre, de cara a las elecciones generales de este domingo.
De mantenerse esta tendencia, Bolivia se encaminaría a una segunda vuelta en octubre entre ambos candidatos, en la que el presidente sería elegido por mayoría simple.
«Tendríamos que mirar una realidad de una necesidad de pactos entre las diferentes fuerzas políticas para garantizar la gobernanza en los siguientes cinco años, después de la elección», dijo a EFE la analista política Lily Peñaranda.
Peñaranda mencionó que el nuevo Gobierno tendrá que negociar de forma constante tanto en la Asamblea Legislativa (Parlamento) como en el mismo poder Ejecutivo, además de acercarse más a la sociedad civil.
«Las políticas públicas van a tener que ser aplicadas desde la negociación y el pacto, principalmente entorno a la economía que es la principal razón por lo que la gente está buscando a un presidente, un vicepresidente, es decir a todo un equipo que pueda resolver la economía», manifestó.
A su juicio, el Gobierno que llegue al poder «no podrá aplicar medidas de izquierda» debido a que la situación de crisis actual «no permite que el Estado gaste ni un centavo más», por lo tanto, «sea de izquierda o de derecha, tienen que tomar decisiones liberales porque eso necesita la economía boliviana».
Por su parte, el analista Carlos Cordero afirmó a EFE que detrás de Doria Medina y Quiroga están «los viejos partidos» que gobernaron Bolivia en los años noventa, como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Acción Democrática Nacional (ADN), por lo que llegarán al poder «con lecciones aprendidas».
«El electorado boliviano, urbano y rural, va a votar por quienes le resuelvan los problemas, y va a generar una nueva lealtad ideológica y política con el Gobierno», manifestó.
Para Cordero, el nuevo Gobierno deberá entrar «al diálogo, a la concertación y con una actitud» de cercanía con la población, especialmente con los movimientos sociales.
El empresario Doria Medina propone salir de la crisis a través de un «ajuste integral» que «corrija los desastres fiscales, monetarios, cambiarios y productivos, principalmente el gasto público innecesario».
Además, propone buscar cooperación con organismos multilaterales y otros países, priorizar la exportación de gas, refundar el Banco Central de Bolivia (BCB) para que sea «institucional y autónomo» y desarrollar el litio «de manera estratégica e inteligente».
Mientras que Quiroga plantea recuperar la economía buscando primero un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recuperar los dólares y luego con otros organismos como el Fondo Latinoamericano de Reserva (FLAR), el Banco Mundial, el Banco Interamericano y la CAF- Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
Propone también reducir la cantidad de ministerios, viceministerios, entidades descentralizadas y funcionarios del Estado, atraer inversiones extranjeras con menos impuestos, incentivar el sistema financiero para que dé créditos a las empresas y negocios, y generar empleos, entre otros.
Para las elecciones se inscribieron diez partidos políticos, pero solo ocho siguen en carrera, entre ellos el del presidente del Senado, el oficialista Andrónico Rodríguez, que ocupa el quinto lugar en las últimas encuestas, y el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, quien, con el MAS, no ha logrado superar el 2,1 % de intención de voto, lo que podría suponer la pérdida de la personería jurídica del partido gobernante.
El 17 de agosto, los bolivianos están llamados a las urnas para elegir al presidente, al vicepresidente y al Parlamento para el periodo 2025-2030, en medio de una fuerte crisis económica marcada por la falta de dólares, la escasez de combustible, el alza de la inflación que ha encarecido los productos de primera necesidad y las duras críticas al presidente Luis Arce y a la administración del MAS por el «fracaso del modelo económico».
Daniela Romero
