Lima, 14 abr (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó este lunes una polémica ley que permitirá la supervisión estatal de las labores de las organizaciones no gubernamentales (ONG), y aseguró que impedirá que algunas de estas reciban financiación “para promover el odio y división” en su país.
“Esta ley velará por el supremo interés de la democracia, la unidad nacional y poner bajo una revisión exhaustiva a una minoría de ONGs que actúan en contra de los intereses de nuestro país, sembrando odio y atacando nuestro sistema”, aseguró la gobernante al promulgar la norma en el Palacio de Gobierno de Lima.
Sostuvo que la ley, que otorga nuevas funciones fiscalizadores a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), promoverá la transparencia y permitirá supervisar “de manera eficaz” la ejecución de los recursos no reembolsables que se reciben en el país mediante la cooperación técnica internacional.
“El control y la fiscalización son prerrogativas fundamentales de un Estado constitucional, soberano y democrático, basado en la legalidad, donde no existen zonas libres ni espacios exentos del escrutinio público”, dijo.
Boluarte añadió que esta norma también asigna la responsabilidad de ejecutar la política nacional de cooperación técnica internacional, “una herramienta clave” de la política exterior peruana, y que “no se trata de control, sino de claridad; no es fiscalización arbitraria, sino de rendición de cuentas”.
“Se establece también que todo contrato o acto jurídico que el Estado celebre con las organizaciones gestoras de cooperación técnica internacional deberá contar con la conformidad previa de la APCI”, detalló.
La gobernante afirmó que el proyecto de ley fue respaldado “de manera clara y contundente” en el Congreso y que “su aprobación y la exoneración de segunda votación reflejan el amplio consenso en torno a la necesidad de garantizar la transparencia y el uso responsable de los recursos provenientes del exterior”.
“Nadie debe sentirse aludido o afectado cuando el objetivo de una norma es proteger el interés general y asegurar que cada sol, cada dólar, cada euro que llega al Perú en nombre de la cooperación internacional cumpla con los objetivos y las propuestas que hicieron posible el apoyo de los organismos comprometidos con mejorar la vida de nuestra gente”, concluyó.
El pleno del Congreso de Perú aprobó el pasado 12 de marzo este proyecto de ley que plantea fiscalizar los recursos de la cooperación internacional que reciben las ONG en el país, que el año pasado generó gran polémica tras ser considerado un intento de restringir las actividades de la sociedad civil.
El pasado 5 de abril, organizaciones indígenas, colectivos de la sociedad civil y políticos de izquierda pidieron al Gobierno que devuelva esta ley al Congreso sin promulgar, ya que señalaron que “perjudicaría el apoyo a las poblaciones más pobres y limitaría el trabajo de organizaciones que denuncian abusos y defienden a comunidades vulnerables”.
Organizaciones como Amnistía Internacional Perú han denunciado que la norma restringe “indebidamente los derechos de asociación, libertad de expresión y acceso a la justicia”, mientras que la relatora especial de la Naciones Unidas en Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, expresó su “extrema preocupación” e instó al Gobierno peruano a no promulgarla.
