Lima, 10 sep (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, defendió este miércoles la amnistía que ha promulgado su Gobierno y reiteró que se evalúa la permanencia del país en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en medio de la polémica generada por el rechazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a la aplicación de esa norma.
«El Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, defendiendo siempre la soberanía nacional y el derecho de los pueblos a construir su propia historia sin injerencias», afirmó la gobernante durante el homenaje a 130 miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) que lucharon durante el conflicto interno (1980-2000) contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
La mandataria destacó, en ese sentido, la promulgación de amnistía para los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía y de comités civiles de autodefensa que son investigados y procesados por delitos cometidos durante el conflicto interno.
«El Perú venció al terrorismo, el Perú aprendió a vivir en paz, y eso es lo que anhelamos como compatriotas: vivir en paz y buscar nuestro desarrollo y tejer nuestra propia historia sin que nadie nos diga cómo la debemos tejer», enfatizó.
Boluarte remarcó que, por ese motivo, su Gobierno ha decidido honrar «a los que entregaron sus vidas luchando contra el terrorismo y que, en lugar de ser reconocidos, cargaron con procesos judiciales injustos por años».
«No abandonaremos a nuestros defensores de la democracia porque la gratitud de la patria no tiene fecha de caducidad», enfatizó.
Condecoración a 130 policías
Durante la ceremonia, celebrada en el Palacio de Gobierno de Lima, la gobernante otorgó la ‘Medalla al Defensor de la Democracia’ a 130 miembros de la Policía Nacional, entre ellos al coronel Benedicto Jiménez, el fundador del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la PNP que el 12 de septiembre de 1992 capturó al líder fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.
Jiménez, que recibió el ascenso excepcional al grado de general, dijo que «este reconocimiento es un incentivo moral para los integrantes de las fuerzas del orden que se enfrentaron al terrorismo».
El Gobierno de Perú consideró el sábado pasado «inaceptable» que la Corte IDH se oponga a la aplicación de la amnistía, ya que un día antes el tribunal dispuso que los jueces peruanos se abstengan de aplicarla «a fin de que no surta efectos jurídicos» hasta que se pronuncie de manera definitiva sobre el tema.
Ante esto, la Presidencia aseguró que Perú es «un país soberano» y que «seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como la necesidad de promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan la actuación de sus órganos».
Desacato a Corte IDH
Boluarte promulgó la norma, en desacato a la Corte IDH, que había dispuesto que suspendiese la tramitación de la ley, que fue aprobada en el Congreso a iniciativa de un grupo de fuerzas conservadoras, la mayoría de derechas, que respaldan a la mandataria.
Las disposiciones de la Corte IDH sobre esta ley llevaron a que Boluarte plantee la eventual salida de Perú del Pacto de San José, algo que hasta el momento solo han hecho Trinidad y Tobago, Venezuela y Nicaragua.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que ha acompañado y denunciado varios casos de violaciones durante el conflicto interno, sostiene que la amnistía «borra décadas de lucha por justicia y verdad» y apunta que más de 150 condenas y 600 procesos «están en riesgo».
