Lima, 23 ago (EFE).- La presidenta peruana, Dina Boluarte, nombró ese sábado como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos a Juan José Santiváñez, cuestionado titular de la cartera del Interior, de mayo de 2024 a mayo de 2025, cuando fue censurado por el Congreso (Parlamento) por su «incapacidad» para combatir el crimen organizado.
La Presidencia de Perú anunció por sorpresa la mañana de este sábado que a las 12.00 del mediodía (17.00 hora GMT) se iba a celebrar un acto oficial en el Palacio de Gobierno y alrededor de 40 minutos más tarde comenzó la ceremonia de juramentación de ministros.
Además del cambio en el Ministerio de Justicia, que deja fuera al ahora exministro Juan Alcántara, Boluarte nombró como nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social a Fanny Castellanos, quien ocupaba la cartera de Mujer, decisión que implica la salida de Leslie Urteaga.
En sustitución de Castellanos, la mandataria nombró como nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a Ana Peña, que hasta este sábado era jefa institucional de la Biblioteca Nacional de Perú.
De este modo, Santiváñez vuelve a ser ministro pese a estar siendo investigado de forma preliminar por el Ministerio Público, tener una orden de impedimento de salida del país y después de haber sido censurado en marzo de este año por el Congreso.
Santiváñez afrontó una serie de acusaciones de presunto abuso de autoridad desde su llegada al gabinete, en mayo de 2024, a raíz de mensajes en audio contra periodistas que destaparon la aparente intención del Gobierno de desaparecer a una unidad policial que apoyaba a los fiscales que investigan a Boluarte y otros altos funcionarios por presunta corrupción.
De hecho, durante su gestión fueron frecuentes los ataques a la Fiscalía, a la prensa y fue cuestionado por haber ejercido la defensa de criminales y presuntos criminales en su etapa anterior como abogado.
El Congreso peruano aprobó su censura en marzo al acusarlo de tener una «manifiesta incapacidad» para afrontar la ola de inseguridad ciudadana y su «falta de liderazgo» en el sector, en medio de una serie de ataques de presuntos extorsionadores y sicarios a trabajadores del transporte público urbano de Lima y otras ciudades del país.
A pesar de su censura en el Parlamento y su posterior salida del gabinete, Boluarte se había despedido de él calificándolo como uno de sus ministros más destacados y «valiente».
Después de ser censurado, Santiváñez fue nombrado como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del despacho de Boluarte, un cargo que fue creado para el abogado.
Ministro investigado
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordenó en junio el impedimento de salida del país, por 18 meses, contra Santiváñez por presunto tráfico de influencias agravado.
El Poder Judicial señaló que los elementos probatorios presentados y valorados permiten evidenciar que sí existe peligro de que el ministro pueda rehuir a la acción de la justicia.
La Fiscalía investiga a Santiváñez por haber cobrado unos 20.000 dólares a comienzos de 2024, en calidad de abogado, para ejercer influencias y conseguir un fallo favorable en el Tribunal Constitucional, según información difundida por medios locales.
Además, en mayo, el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra Boluarte y Santiváñez por presunto encubrimiento en la fuga de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre con el que la presidenta llegó al Ejecutivo del país andino en 2021.
La denuncia presentada ante el Congreso responde al delito de omisión de denuncia para Santiváñez en su actuación como ministro del Interior, y de delitos de encubrimiento personal por parte de la mandataria.
El Ministerio Público explicó que los hechos están vinculados a que Boluarte habría facilitado la fuga de Cerrón, sentenciado por corrupción cuando fue gobernador regional, a bordo del vehículo oficial denominado «el cofre», el cual está eximido de intervenciones policiales.
La institución añadió que Santiváñez debió comunicar a la autoridad competente este presunto encubrimiento por parte de la presidenta de la República.