Lima, 10 abr (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, reiteró que su gobierno trabaja para resolver el incremento de la criminalidad en Lima y la provincia vecina de Callao, aunque consideró que paralizaciones como la que hicieron las empresas de transporte público este jueves no van «a evitar las acciones de esta lacra social».
«En nuestro gobierno entendemos la situación de nuestros transportistas, y les digo que estamos con ustedes, trabajando para dar una solución a este problema de la criminalidad, que nos afecta a todos, no solo a ustedes», señaló Boluarte.
Agregó que, ante el gran incremento de los casos de extorsión y crímenes cometidos por sicarios, el Ejecutivo está «trabajando diariamente para darles más seguridad» a los transportistas y lamentó que la paralización de sus actividades afecte «el movimiento habitual del trabajo» en la capital peruana.
Boluarte dijo que la Policía Nacional del Perú (PNP) trabaja en las estrategias para combatir a la criminalidad, pero remarcó que esta tarea también le compete a la Fiscalía y al Poder Judicial, para «no dejar libres a esta lacra social», y al Congreso, para «dar las mejores leyes».
Comentó, al respecto, que su gobierno sigue «esperando hasta ahora» que el pleno del Legislativo debate su propuesta para crear el delito de terrorismo urbano.
Señaló, además, que el Ejecutivo «está haciendo todo lo posible y lo imposible» y está «desbaratando día con día bandas criminales», que serán enviadas a cárceles que, según admitió, están hacinadas.
«Los estamos hacinando, sí, porque no hay más cárceles. Tenemos que construir cárceles, sí», enfatizó antes de decir que esto se va a hacer pronto con la participación de la empresa privada, mediante el mecanismo de obras por impuestos.
Boluarte anunció, en ese sentido, que «no habrá zona de la capital que no sea peinada» por la Policía Nacional y que las Fuerzas Armadas lo harán «en aquellas zonas donde la población requiera de mayor protección».
«Serán registradas y los criminales detenidos», indicó.
En una posterior rueda de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, declaró que el Gobierno es «absolutamente respetuoso del derecho a la protesta» y que además ha enviado sus condolencias a los familiares de chóferes del transporte público que han sido asesinados por sicarios en los últimos días.
Sostuvo, sin embargo, que el Ejecutivo no cree que movilizaciones como la de este jueves contribuyan «a la lucha contra el crimen organizado», una tarea que consideró que «compromete a todos».
Adrianzén también dijo que «resulta vital» que el Congreso coloque en su agenda del pleno el debate de la propuesta para crear el delito de terrorismo urbano y anunció que el Gobierno presentará durante la próxima semana una serie de normas «que van a significar un impacto significativo en la lucha contra el crimen».
