Santiago de Chile, 11 jun (EFE).- El presidente de chile, Gabriel Boric, aseguró que nunca tuvo “conocimiento sobre potenciales inhabilidades constitucionales” por el caso de la fallida compra de la casa del expresidente chileno Salvador Allende (1970-1973) por parte del Gobierno y que su rol en el proceso de adquisición fue «acotado».
«No tuve conocimiento sobre potenciales inhabilidades constitucionales para la materialización de la compraventa. Posteriormente, apenas se me informó de las consecuencias que podría tener la adquisición, instruí que se examinara a fondo la situación y que se detuviera el proceso», dijo el mandatario en un escrito remitido a la Comisión Especial Investigadora creada en el Parlamento para esclarecer el caso.
Boric señaló además en su escrito, con fecha 10 de junio de 2025 pero filtrado este miércoles a los medios locales, que “la colaboración del gobierno ha sido total» y que su papel en el proceso «se redujo a la decisión inicial y a la firma del decreto» que iba a autorizar la compra.
El Gobierno anunció a finales de 2024 la compra por 933 millones de pesos (cerca de un millón de dólares al cambio de hoy) de la residencia de Allende, con el objetivo de convertirla en un museo.
Esta operación consideraba la firma de contratos con la nieta y exministra de Defensa, Maya Fernández, y con una de las hijas de Salvador Allende, la exsenadora socialista Isabel Allende, ambas impedidas constitucionalmente para celebrar contratos con el Estado por sus cargos públicos.
Tras un aluvión de críticas, el Ejecutivo puso freno a la adquisición del inmueble, ubicado el barrio capitalino de Providencia. A las pocas semanas, el mandatario cesó a la entonces ministra de Bienes Naciones, Marcela Sandoval, y a principios de marzo dimitió la exjefa de la cartera de Defensa Maya Fernández.
Por el mismo caso, la histórica senadora socialista Isabel Allende fue destituida en abril por el Tribunal Constitucional.
Por su parte, el propio Boric, quien, en su calidad de Presidente de la República, estaba eximido de ser citado a declarar, se presentó ante la Fiscalía de forma voluntaria para dar su testimonio en calidad de imputado (investigado).
Aunque la ley excluye al presidente de tener que comparecer ante las comisiones especiales investigadoras en el Congreso, Boric señaló que lo hizo para «complementar» lo dicho por otras autoridades y funcionarios de gobierno que fueron citados.
“Tengo la convicción, hasta hoy, de que las casas de los expresidentes Aylwin y Allende deben ser patrimonio público. Esta voluntad de rescate de la memoria histórica y de conservación patrimonial estuvo en la base de esta iniciativa“, concluyó Boric en su escrito.
