Santiago de Chile, 29 ago (EFE).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo este viernes que la búsqueda de los detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) es un «deber ético y moral» del Estado y recordó que hasta 2023 eran los familiares los que llevaban el peso de esa tarea.
«Como Gobierno dijimos que no bastaban las palabras ni las conmemoraciones una vez al año, que había que hacer política pública que fuera permanente. Por eso decidimos impulsar el Plan Nacional de Búsqueda, para hacer de la búsqueda de las y los detenidos desaparecidos una responsabilidad del Estado», dijo Boric
Hasta entonces «habían sido los familiares de las víctimas quienes habían cargado con el peso de la búsqueda durante todos estos años», agregó el mandatario en un acto oficial celebrado en el palacio presidencial La Moneda con motivo del Día del Detenido Desaparecido, que se conmemora cada 30 de agosto en todo el mundo.
En marcha desde septiembre de 2023 y considerado una de las medidas más importantes en materia de memoria histórica desde el golpe que derrocó al socialista Salvador Allende, el inédito Plan Nacional de Búsqueda (PNB) tiene como objetivo esclarecer las circunstancias de desaparición y el destino del millar de víctimas de desaparición forzada que aun quedan por localizar.
La dictadura de Pinochet dejó al menos 3.200 opositores asesinados, de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada.
Tras décadas de búsqueda liderada por organizaciones y familiares, se encontraron e identificaron los restos de 307 y aún falta encontrar a otros 1.162, según las últimas cifras oficiales.
«En todo el mundo se conmemora esta fecha que nos conmociona y nos invita a reflexionar sobre uno de los crímenes más atroces que es la desaparición forzada de personas (…) Los detenidos desaparecidos no les faltan sólo a sus familias, nos faltan a todos», aseguró Boric.
Dentro de los avances del plan, se encuentra la publicación de la primera nómina oficial de 1.469 víctimas de desaparición forzada y la creación de un mapa georreferenciado de sus últimas trayectorias conocidas.
Hasta la fecha, además, se han realizado más de 100 diligencias en terreno, que incluyen excavaciones, entrevistas, acompañamiento psicosocial a familiares y revisión de archivos y peritajes forenses, tanto judiciales como extrajudiciales.
Antes de la ceremonia, el Gobierno chileno entregó a familiares de víctimas más de 150 «carpetas de calificación», archivos hasta ahora reservados que contienen antecedentes sobre casos de desaparecidos que estaban en distintas reparticiones del Estado y que no habían sido compartidas en su totalidad.
«En cada carpeta se reconoce la vida y la historia de tantos chilenos y chilenas que fueron víctimas de la dictadura en razón de sus convicciones, por defender hasta el fin a un Gobierno democrático o por luchar hasta el fin de sus vidas contra una dictadura ilegítima, por atreverse a resistir frente a una dictadura brutal», subrayó el mandatario.
En Chile ha habido decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet, quien sin embargo murió en 2006 a los 91 años de edad sin ser condenado por su responsabilidad en los crímenes.
