Bruselas, 7 jun (EFE).- El crecimiento económico en España es muy superior a la media y su comportamiento ya no es la fuente de preocupación de otras épocas, pero a los retos ya conocidos del desempleo y las finanzas públicas se suma otro que frena su potencial a largo plazo: la falta de innovación.
La Comisión Europea apunta a este ámbito como uno de los deberes pendientes de las autoridades españolas a todos los niveles y también del tejido empresarial en su reciente informe en el que desgrana el estado de la economía española, a pesar de las mejoras observadas en los últimos años, según consta en un informe publicado esta semana.
«España tiene una buena base científica, pero esta excelencia científica todavía no ha conseguido mejorar la innovación», resalta el Ejecutivo comunitario en un apartado en el que describe que el país está por detrás de la media en la mayoría de los indicadores.
La inversión en I+D, por ejemplo, es menor en España que en el resto de socios europeos tanto a nivel privado como público. En el primer caso equivale al 1,49 % del PIB en 2023, frente al promedio del 2,24 %; mientras que en el segundo alcanza el 0,65 %, por debajo del 0,72 % del bloque.
También es muy «débil» la tasa española de solicitud de patentes ante el Tratado de Cooperación de Patentes, del 1,1 % frente al 2,8 % de la UE, alejada del dato de los socios mejor colocados como Suecia (7,6 %) y Finlandia (6,1 %).
A esto se suma un «déficit claro en talento innovador»: el número de graduados universitarios en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (las disciplinas STEM) ha caído seis puntos en la última década y la tasa de investigadores contratados en empresas es la mitad del promedio comunitario.
Además, la cifra de empresas que invierte en I+D ha bajado en los últimos años y cada vez se concentra más en un pequeño grupo de firmas de sectores «tradicionales» como la banca, las telecomunicaciones o el ‘software’.
En consecuencia, sólo aparecen once españolas entre las 2.000 más inversoras del mundo, un número que se eleva a 22 en la clasificación de las 800 empresas europeas, según datos de la propia institución para 2023.
Brotes verdes
Frente a estos datos, el informe del Ejecutivo comunitario apunta una serie de ‘brotes verdes’, entre ellos el hecho de que el ecosistema científico es «atractivo» para los investigadores y cuenta con «buenas tasas» de colaboración internacional.
También destaca que el porcentaje de publicaciones científicas españolas dentro del 10 % más citado en el mundo se ha estabilizado en un 9 %, cercano al de la UE.
Otro aspecto positivo es el «importante avance» registrado en la adopción de tecnologías digitales por parte de las pymes españolas, un indicador en el que las pequeñas y medianas empresas del país se comportan incluso mejor que sus pares del bloque.
De la misma forma, España avanza en la utilización empresarial de tecnologías digitales avanzadas y supera con creces la media europea en análisis de datos, aunque se encuentra todavía por detrás en uso de servicios de nube e inteligencia artificial.
Todo esto se ve apoyado por el «gran impulso» a la I+D previsto a través de las inversiones del plan de recuperación (17.600 millones de euros) y de los fondos estructurales de la UE (4.700 millones).
Estrategia a largo plazo
Aun así, la Comisión Europea considera que España «todavía necesita una estrategia a largo plazo que movilice, coordine y oriente» la inversión pública en investigación y desarrollo, especialmente una vez expire el fondo de recuperación en 2027, y también facilite las inversiones privadas en este ámbito.
La institución sugiere a España poner en marcha medidas que reduzcan y simplifiquen la «pesada burocracia» a la que se enfrentan actualmente las empresas y que les impide beneficiarse de las medidas puestas en marcha por las autoridades para incentivar las inversiones.
En la misma línea, recomienda a España seguir apoyando la digitalización de las empresas, con un foco especial en las tecnologías avanzadas, y desarrollar un «conjunto de medidas más amplio» a fin de facilitar la colaboración entre el sector privado y la comunidad científica.
Para hacer frente a la fragmentación territorial, que concentra en España la innovación en Madrid, Barcelona, Navarra y País Vasco, Bruselas propone que la futura estrategia de innovación sea «de país» e involucre a todas las administraciones públicas. EFE
