Madrid, 30 sep (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que no va a permitir que las empresas que operan en España y que ofrecen servicios en los territorios palestinos ocupados se puedan lucrar «de manera impune» como consecuencia «del genocidio que sufre cada día el pueblo palestino».
«Ninguna empresa que opere en España puede tener sus cuentas de resultados manchadas con la sangre del pueblo palestino, no es algo tolerable. Nos obliga el derecho internacional y nos obliga también el clamor social con el que nuestro pueblo ha reaccionado ante lo que estamos viviendo en Palestina», ha aseverado Bustinduy en la sede de su ministerio donde se celebra el X aniversario de la Agenda 2030.
Consumo investigará a las empresas con actividad en España que ofrecen servicios en los territorios palestinos ocupados por Israel, en virtud del decreto aprobado por el Gobierno la semana pasada, que incluye en su artículo 4 la prohibición de publicidad de bienes y servicios procedentes de estos territorios ocupados.
Además ha recordado que un «exhaustivo informe» de la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, recogió que hay empresas beneficiándose económicamente de la ocupación ilegal de territorios palestinos, y algunas estarían también operando en España.
«La obligación del Ministerio de Consumo con las herramientas legales a nuestra disposición es asegurar que las empresas que operan en España no puedan lucrarse ofertando bienes y servicios que derivan de esos territorios palestinos ocupados», ha enfatizado.
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó el pasado viernes una actualización de su lista de empresas que operan en asentamientos ilegales israelíes en la Cisjordania ocupada, con 68 nuevas firmas, entre ellas cuatro españolas.
Bustinduy ha rehusado dar detalles de la investigación y de las empresas implicadas y ha insistido en que se va a seguir una investigación «con total rigor y precisión» que va a seguir el curso previsto por la ley, con todas las garantías para las partes afectadas.
En concreto, la Dirección General de Consumo investigará a las empresas «que estarían aprovechándose de esta ocupación» pues considera que mantener esta oferta de servicios en España contribuye a «perpetuar los esfuerzos coloniales y el genocidio de Israel”.
El decreto ley consolidó jurídicamente el embargo de armas a Israel e incluyó un paquete de medidas que implican a varios ministerios, a través de iniciativas como la denegación de la entrada en el espacio aéreo a aeronaves que transporten material de defensa con destino a Israel hasta el refuerzo del apoyo que presta España a la Autoridad Nacional Palestina (ANP).
Tras conocerse el informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la empresa ACS aclaró su desvinculación con los asentamientos israelíes y pidió a la ONU ser eliminada del listado, mientras que la ingeniera pública Ineco anunció que se planteaba incluso evaluar las implicaciones jurídicas que tendría cancelar de forman anticipada sus contratos vigentes en Israel, todos anteriores a 2023.
