Madrid, 8 oct (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado de «lamentable» que la Comisión Europea (CE) «haya decidido posicionarse abiertamente como abogado defensor» de las aerolíneas sancionadas por España por prácticas abusivas, ya que éstas «se están lucrando a costa de los derechos de los consumidores».
Es «lamentable», según declaraciones del ministro remitidas a EFE, que «en este contexto geopolítico hayamos visto a la CE ser tan débil y tan blandita con los poderosos y que, sin embargo, no duden en intervenir e interferir en un proceso judicial en curso para blindar e intentar proteger los intereses de unos pocos».
Es la reacción del titular de Consumo, de viaje en Chile, sobre el expediente que ha abierto la CE a España por no permitir a cinco aerolíneas low cost -Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea-cobrar suplementos por el equipaje de mano.
Con su actitud, la CE, según Bustinduy, desoye todas las explicaciones que aportó Consumo, pero también las de las organizaciones de consumidores europeos, con las que -ha dicho- «ni siquiera se ha reunido», y al Parlamento Europeo.
Con esta forma de proceder, se está haciendo lo que había anunciado el CEO de Ryanair este verano, quien, según sus palabras, «desveló que ésta iba a ser la posición que iba a adoptar la CE».
Por eso, ha dicho no sorprenderle esta decisión cuando además, según ha asegurado, al reunirse con el comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, se encontró «básicamente con el argumentario de Ryanair».
El ministro sabía desde el principio, según ha admitido, que en este ámbito «hay poderosísimos intereses en juego y que las grandes empresas y las multinacionales se mueven muy bien en los pasillos y haciendo lobby con las grandes instituciones».
Y ahora «con total normalidad y serenidad», Consumo irá al Tribunal de Justicia de la UE y defenderá «las veces que haga falta» el interés general y los derechos de los consumidores, y «no los intereses y los beneficios desmedido un puñado de grandes empresas»
La posición de Consumo está basada en una sentencia del año 2014 de ese mismo tribunal, y la mantendrá, al igual que las sanciones a las compañías, que seguirán su curso y se encuentran recurridas en vía judicial.
El Gobierno entiende que el expediente «no altera las sanciones» y defiende que la CE «no tiene potestad para decidir sobre la viabilidad de las sanciones» que impuso a las aerolíneas o sobre la interpretación de la normativa europea, ya que es competencia del Tribunal de Justicia de la UE.
Este procedimiento abierto, según fuentes de Consumo, es habitual cuando la Comisión considera que se produce una discrepancia entre el procedimiento de un Estado o una legislación nacional y la normativa comunitaria. Cada año se abren una media de 30 expedientes de este tipo, y España tiene abiertos actualmente 94.
El Gobierno tiene un plazo de dos meses para dar una respuesta, según matizan las fuentes, «a la solicitud de información de la Comisión».
Después, el procedimiento podría pasar al Tribunal de Justicia de la UE, que será el que finalmente lo resuelva, bien estimando o desestimando la demanda de la Comisión, e instando o no a España a cambiar su legislación.
