Málaga, 11 jun (EFE).- Una operación conjunta de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal responsable del fraude de más de 20 millones de euros en el IVA de la comercialización de teléfonos móviles por todo el territorio español.
En el operativo han sido detenidas quince personas, en concreto cinco en Málaga, cinco en Valencia, dos en Madrid, una en Sevilla, una en Cádiz y una en Barcelona en los 23 registros practicados, según han informado los investigadores este miércoles en un comunicado.
Además, se han bloqueado 146 inmuebles y más de 280 cuentas bancarias utilizadas para la canalización de los beneficios y los agentes han intervenido 9.000 teléfonos móviles, más de 200.000 euros en efectivo, 35.500 dólares en ‘criptodivisas’ y 75 vehículos.
La investigación se ha desarrollado sobre la actividad que venía desplegando desde 2019 la organización criminal, para lo que se servían de un complejo entramado empresarial de distintos niveles por todo el territorio nacional y compuesto por más de 20 sociedades mercantiles, incluidas tiendas comercializadoras de telefonía móvil. Esta estructura estaba diseñada para evadir el pago del impuesto sobre el valor añadido.
Aprovisionamiento de teléfonos importados y compras promocionales
De las pesquisas se desprende que existía una operativa comercial artificial basada, por un lado, en el aprovisionamiento de teléfonos importados y, por otro, en compras en grandes superficies aprovechando promociones.
Para la comercialización posterior, la organización ideó un sistema defraudatorio en el que simulaba una concatenación de reventas mediante supuestos envíos de los terminales móviles por paquetería.
Los agentes corroboraron que en lugar del material electrónico comercializado, constaban rellenos simplemente de madera o incluso botellas de agua, con un peso idéntico al que figuraba en las facturas, todo ello para justificar la venta y entrega de los mismos, a la vez que dificultaba la trazabilidad de la mercancía.
En última instancia, vendían los dispositivos como reacondicionados a consumidores finales situados, tanto en territorio nacional –aplicando indebidamente el Régimen Especial de Bienes Usados (REBU)–, como en otros países europeos a través de plataformas de comercio electrónico.
La aplicación de diversos esquemas de defraudación del IVA les permitió vender grandes cantidades de teléfonos móviles a un precio sensiblemente reducido respecto al de la competencia y ello posibilitaba el acaparamiento de los mercados y la obtención de cuantiosos beneficios económicos por estas ventas.
Los funcionarios de la Agencia Tributaria y los agentes de la UCO de la Guardia Civil llevaron a cabo un complejo análisis económico patrimonial que puso de relieve que los líderes de la red dedicaban la mayor parte de los beneficios de su actividad ilícita a la adquisición de inmuebles por todo el territorio nacional.
Fase de explotación con 23 registros y 15 detenidos
A finales del pasado mayo, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, tuvo lugar la fase de explotación de la operación.
En ella se han practicado 23 entradas y registros en sociedades mercantiles y domicilios particulares a lo largo de todo el territorio nacional: nueve en la provincia de Málaga, cuatro en la provincia de Valencia, tres en la provincia de Sevilla, tres en Madrid, dos en la provincia de Cádiz y dos en la provincia de Barcelona.
En esta fase es donde se han producido las quince detenciones y se han intervenido los 9.000 teléfonos móviles de distintas marcas y modelos listos para ser comercializados fraudulentamente, 200.810 euros en efectivo, 35.500 dólares en ‘criptodivisas’ y 75 vehículos.
