Tegucigalpa, 3 jun (EFE).- La Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) exigieron este martes «la intervención inmediata» del Ministerio Público (Fiscalía) y de las fuerzas de seguridad ante la creciente ola de violencia en el departamento de Colón, en el Caribe de Honduras, donde un conflicto por tierras ha causado la muerte de 200 personas en las últimas tres décadas.
Durante una rueda de prensa frente a la sede de la Fiscalía, el portavoz de la Plataforma Agraria, Yony Rivas, condenó enérgicamente la violencia provocada por grupos armados en la finca Paso Aguán y la comunidad de Rigores, y pidió al Estado una respuesta urgente.
“Queremos poner en alerta la situación de violencia que estamos viviendo en la región del agua con los últimos hechos violentos y exigir a los cuerpos de seguridad del Estado y a los entes aplicadores de justicia una intervención inmediata en el Aguán”, subrayó Rivas en declaraciones a EFE.
La solicitud de intervención estatal responde a la persistente violencia contra comunidades campesinas, explicó el portavoz de la Plataforma Agraria, fundada en enero de 2012 e integrada por bases campesinas y empresas asociativas del Bajo Aguán.
Rivas subrayó que la Fiscalía hondureña tiene «el deber y la obligación» de investigar y presentar requerimientos fiscales contra quienes infringen la ley.
Lamentó que la violencia en el Bajo Aguán «continúa», y denunció el asesinato del joven Josué Aguilar, hijo de Guadalupe Cárcamo, socia activa de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Gregorio Chávez.
En 2022, el Gobierno hondureño nombró una comisión para buscar una solución a los conflictos en el Aguán, Colón, pero hasta ahora el intento ha sido infructuoso.
Factores que agravan el conflicto
Rivas, de 47 años, quien cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), atribuyó la violencia en la región a la impunidad, el poder de empresas agroindustriales y la «falta de acciones concretas» por parte del Gobierno.
En un pronunciamiento conjunto, la Plataforma Agraria y COPA solicitaron a la presidenta del país, Xiomara Castro, la intervención en las zonas donde operan grupos armados que, según denuncian, mantienen «aterrorizadas» a las comunidades.
Las organizaciones denunciaron que compradores de palma estarían involucrados en un enfrentamiento entre campesinos y grupos armados registrado el pasado 31 de mayo en la finca Paso Aguán.
«La promoción de grupos armados irregulares por parte de compradores de fruta es un patrón que se ha observado con frecuencia en el Bajo Aguán», subrayaron.
Rivas también exigió justicia por el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024, a pesar de que contaba con medidas cautelares otorgadas tanto por instancias nacionales como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Exigimos investigación contra la estructura de Inversiones Los Pinares, y que se realicen diligencias para dar con los autores intelectuales del asesinato de nuestro compañero Juan López», afirmó.
López, quien también era concejal de la Alcaldía de Tocoa y estaba ligado a la pastoral católica, se oponía al cuestionado proyecto minero-energético Pinares Ecotek aduciendo que está situado en una zona protegida y afectará los ríos Guapinol y San Pedro.
Rivas advirtió que es de «mucha preocupación» que Honduras continúe siendo uno de los países «más violentos y peligrosos» para los defensores de la tierra y el ambiente.
