Santa Cruz de Tenerife, 10 jul (EFE).- El Gobierno de Canarias ha anunciado este jueves que va a comunicar al Tribunal Supremo el incumplimiento en el que considera que está incurriendo el ejecutivo estatal en su obligación de asumir a los menores migrantes solicitantes de asilo, que deben ser integrados en la red de protección internacional, según los autos judiciales.
De Canarias «no ha salido ni un menor» de los 946 que están dados de alta en el sistema de protección y que tienen el expediente completo, ha protestado el portavoz del ejecutivo canario tras la reunión del Consejo de Gobierno, celebrado en La Palma.
El portavoz ha señalado que la responsabilidad sobre esos 946 menores ya no es de la Comunidad Autónoma, sino del Estado, así que es al Gobierno central al que le corresponde decir «dónde los tenemos que llevar» para revertir la situación de hacinamiento en las islas.
Ha garantizado que el Gobierno de Canarias «está en disposición de poner donde sea y cuando sea a cualquiera de esos menores» y ha subrayado que la comunidad no puede mantenerse en esta «situación de saturación y hacinamiento continuo», porque «la situación es muy tensa».
En esos 946 expedientes que se han entregado al Gobierno de España consta la manifestación de voluntad por parte de esos menores «de querer continuar su inmigración desde otros lugares del territorio estatal», ha dicho el portavoz.
Ha acusado al Gobierno de España de no haber dado «ni un paso» y de «marear la perdiz», por lo que ha asegurado que el ejecutivo canario comunicará al Tribunal Supremo en los próximos días el incumplimiento de los acuerdos.
En el caso del reparto entre las demás comunidades autónomas del resto de menores no acompañados que no han pedido asilo, Alfonso Cabello ha dicho que el Gobierno de Canarias está pendiente de que se aprueben los decretos ley en el Consejo de Ministros para proceder a su distribución.
