Santa Cruz de Tenerife, 25 jun (EFE).- La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha hecho un «llamamiento expreso» a las comunidades autónomas que se oponen a la distribución de menores migrantes y han judicializado su distribución a que «recapaciten» y opten por la solidaridad que prescribe la Constitución y por los derechos de la infancia.
En una comparecencia en el pleno del Parlamento de Canarias, Delgado ha lamentado que frente a la modificación de la Ley de Extranjería para distribuir a los menores entre todos los territorios algunas comunidades autónomas hayan rehusado «participar en el esfuerzo común» y adopten «una postura de rechazo frontal y judicial».
«Quiero hacer una llamamiento expreso a esas autonomías para que aparquemos la confrontación partidista en un tema tan sensible y no convirtamos a estos menores en un arma arrojadiza de la incesante batalla política», ha dicho la consejera canaria ante la reunión el próximo viernes de la Conferencia Sectorial de la Infancia.
Para el Gobierno de Canarias, formado por CC y PP, «la corresponsabilidad no debe verse como una imposición del Gobierno central a ciertas regiones, sino como la materialización del principio de solidaridad nacional y de la humanidad compartida».
«Les pido que recapaciten, que se sienten a la mesa con visión de Estado y con espíritu constructivo», ha dicho la consejera, quien ha recordado que Canarias está al límite, ya no encuentra ni edificios ni profesionales para albergar y cuidar a 5.600 menores migrantes cuyos derechos no pueden depender «del código postal» en el que desembarquen.
Ha defendido que se proceda ya a aplicar la reforma de la Ley de Extranjería para distribuir a estos niños y niñas «de forma proporcional y justa para que ninguna región tenga que asumir en solitario lo que excede su capacidad ordinaria de acogida».
La situación sobrepasa la capacidad de una región y por lo tanto «activa un deber constitucional de solidaridad por parte del Estado y del resto de comunidades autónomas», ha enfatizado.
El Gobierno de España ha repetido que va a aplicar esa distribución, «pero cada mes que pasa sin activar los traslados es un mes que «Canarias sigue al borde del abismo», ha añadido.
La consejera ha pedido que ante la Conferencia Sectorial de la Infancia de este viernes «todas las comunidades autónomas acudan con voluntad de acuerdo» y que el Gobierno «avance en los preparativos logísticos para que los primeros traslados puedan realizarse este mismo verano» y no a partir del 30 de septiembre «como ya se está oyendo», porque es tarde.
«No caben más retrasos, la situación es apremiante», se trata de una «emergencia humanitaria», ha manifestado Candelaria Delgado, quien además ha denunciado que la Comunidad Autónoma está gastando 190 millones de euros en la atención de estos menores y solo ha recibido del Estado 50 millones correspondientes a 2024.
«Reflexionemos más allá de siglas partidistas o cálculos electorales, hablamos de la vida y del futuro de niños y niñas y adolescentes que están bajo nuestra protección, hablamos de valores fundamentales de humanidad, solidaridad, de defensa de la infancia y de derechos humanos», ha insistido.
La consejera de Bienestar Social ha pedido también al Gobierno central que asuma su responsabilidad con los 1.100 menores solicitantes de asilo después de los dos autos del Tribunal Supremo que le ordenan su integración en el sistema nacional de protección.
