Madrid, 18 jun (EFE).- La organización Cáritas ha pedido este miércoles en el Congreso de los Diputados que los grupos aprueben la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización de inmigrantes y ha propuesto una serie de medidas que ampliarían su alcance respecto a la última propuesta realizada por el Gobierno.
Lo han hecho el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, y su coordinadora de Incidencia Política, Ana Abril, durante su comparecencia hoy en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Congreso de los Diputados.
Allí, Bretón ha instado a los grupos a aprobar esta iniciativa y les ha recordado que «regularizar no es dar privilegios», sino «reconocer la realidad y hacer justicia».
También han trasladado las propuestas del grupo eclesial de apoyo a la ILP, formado por la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Red de entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER).
Una de ellas es exigir a los afectados una permanencia previa en España de un máximo de seis meses anterior a la solicitud, en lugar de un año, como refleja la última propuesta del Gobierno, conocida el pasado martes.
Cáritas rechaza que el procedimiento recoja una fecha de corte -encontrarse en España antes del 31 de marzo, según la última propuesta del Ejecutivo- debido a los retrasos de tramitación de las normas y defienden que da mayor seguridad jurídica fijar un período de permanencia previa a contar desde el momento de presentación de la solicitud.
Las entidades sugieren que los migrantes puedan acreditar su identidad mediante su pasaporte de país de origen, ya sea en vigor o caducado, sobre todo para aquellas nacionalidades que no tienen posibilidad de renovarlos, o, en su defecto, con una cédula de inscripción emitida por el Ministerio del Interior o «cualquier medio de prueba válido en derecho».
Respecto a los antecedentes penales, piden que se establezcan unas normas claras respecto a esta valoración, una serie de excepciones a la obligación de aportar este tipo de datos del país de origen y «una denegación conforme a jurisprudencia» en el caso de las denegaciones porque se considere que la persona representa una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública.
Entre las propuestas citadas también reclaman que se aplique esta regularización a los solicitantes de asilo sin que estos tengan que renunciar a su petición y que esta sea «extensible» a los familiares más cercanos de los beneficiarios, en función de una serie de criterios.
