Toledo, 24 jul (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado este jueves que su Gobierno se está planteando emprender acciones judiciales contra las confederaciones hidrográficas por posibles «negligencias en la gestión».
Durante su participación en la reunión de la Mesa del Agua este jueves en Toledo, García-Page ha urgido a «una gran revisión» del procedimiento y el funcionamiento» de estas entidades y ha advertido que en «casos concretos» (sin mencionar ninguna en específico) las confederaciones hacen una «absoluta dejación de funciones» con gestiones que se «eternizan».
El presidente ha avanzado que a la vuelta del verano la Junta tomará decisiones políticas y jurídicas porque «nadie está a gusto» con la gestión interna de las confederaciones hidrográficas, que son «cerradas en sí mismas y endogámicas» y ha advertido: «Cualquier día tendremos que plantear una auditoría de la gestión y la contrataciones, también de personal».
«No encuentro a nadie en España que esté a gusto, ni Ayuntamientos de un tipo ni de otro, ni los que gobiernan, ni los que están en la oposición, ni organizaciones de regantes: ni Dios», ha añadido.
En concreto, Page ha dicho que la Junta está «especialmente preocupada» con «recortes» en regadíos de zonas del Júcar, Guadiana y Segura, que se han hecho «sin consultar». «Es incomprensible que se esté contratado a gente para sancionar y no se contrate para atender a los expedientes», ha afeado.
Y ha avisado de que hay gestiones de las confederaciones que «se eternizan a nueve y diez años», por lo que ha urgido «decisiones».
«Lo que estamos observando es una absoluta dejación de funciones y negligencia en la gestión, no se puede tener a la gente años y años esperando que se les dé solución a un pozo y explotación, y a esa misma gente, mientras se está retrasando indebidamente, se les están poniendo multas. Es una indecencia», ha lamentado.
Pide duplicar la capacidad desalinizadoras del Levante
Durante esta reunión, el presidente castellanomanchego también ha avanzado que su Ejecutivo exigirá que se doble la capacidad de las desalinizadoras del Levante «con carácter urgente», entre este año y la mitad de 2026.
Según García-Page, no requiere «ni un euro de inversión» en infraestructuras y ha afeado que «es una indecencia que la capacidad pagada por todos esté a una tercera parte».
A su juicio, hay un «interés económico» detrás de esto, porque es mejor tener «agua regalada» a través del trasvase Tajo-Segura y en este sentido ha pedido al Ejecutivo central que regule los precios para abaratar la desalación.
«No queremos quitarle el agua a nadie, sino simplemente que sea de todos», ha afirmado.
