Madrid, 14 jul (EFE).- El pacto entre el Gobierno central y la Generalitat sobre la financiación singular para Cataluña ha desatado no solo duras críticas de las comunidades del PP, que no descartan ninguna vía jurídica o política en su contra, sino también del presidente castellanomanchego, el socialista Emiliano García-Page, y del Gobierno de Asturias, encabezado también por el PSOE.
El acuerdo cerrado este lunes recoge la estructura del nuevo modelo de financiación para Cataluña, que prevé que la administración catalana recaude todos los impuestos y transfiera una parte al Estado, un esquema «generalizable» a otras comunidades cuyos plazos y cifras aún no se han definido.
La financiación singular fue una de las exigencias de ERC para apoyar la investidura de Pedro Sánchez y esta formación ha señalado que «la música suena bien», aunque ha reprochado la falta de concreción.
El vicepresidente de JxCat Antoni Castellà, por su parte, ha reafirmado la apuesta de Junts por un concierto económico para Cataluña y ha avisado al PSOE y a ERC de que «todo lo que se aleje» del mismo no tendrá el apoyo de su formación.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha explicado que la llamada financiación singular para Cataluña se inscribe en la reforma del sistema de financiación autonómica que será tratada en un Consejo de Política Fiscal y Financiera tras el verano.
El Gobierno garantiza, en palabras del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que el acuerdo no perjudicará a ninguna otra comunidad autónoma sino que, como ha indicado el titular de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, «van a ganar todas».
Críticas socialistas al acuerdo
Las críticas han llegado desde la mayoría de las comunidades autónomas, entre ellas las Castilla-La Mancha y Asturias, las dos que gobierna el PSOE y que podrían verse afectadas por el acuerdo catalán, ya que Navarra está fuera del régimen común.
El presidente castellanomanchego ha pedido que no les tomen «por tontos», y ha afirmado que si fuera la Comunidad de Madrid quien planteara este sistema los mismos que se han reunido en la comisión bilateral «estarían diciendo que es una barbaridad y que rompe la igualdad de oportunidades».
Para el consejero asturiano de Hacienda, Guillermo Peláez, el acuerdo con la Generalitat supone una reforma del modelo de financiación de las comunidades que debe negociarse «entre todas», en plano de igualdad. La reforma, ha avisado, «no puede ser un contrato de adhesión pactado por una comunidad autónoma con el Estado en forma de ‘o lo tomas o lo dejas’ para el resto de las comunidades autónomas».
El PP carga contra el «cupo secesionista»
Rechazan de plano esta reforma el PP y las comunidades en las que gobierna este partido, que califican la financiación singular de Cataluña de «cupo secesionista» y no descartan acudir a los tribunales, incluido el Constitucional.
El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado el pacto y ha subrayado que «el dinero de todos los españoles no está para financiar el tiempo en el Gobierno de ningún presidente».
Los barones populares no descartan ningún tipo de recurso contra el acuerdo: «Nos negamos a firmar esta sentencia de muerte contra España», ha enfatizado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha advertido de que el país avanza hacia una «república plurinacional de manera inexorable».
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha cargado contra un modelo que cree que «rompe la caja común, la solidaridad entre todos los españoles y el equilibrio» entre comunidades y el andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado que Andalucía «hará valer su fuerza» para combatir lo que considera «un golpe duro a España, ideado por los independentistas y ejecutado por el dúo Sánchez-Montero en extrema debilidad».
Para la presidenta extremeña, María Guardiola, es un «saqueo»; para el murciano Fernando López Miras, un cupo «ilegal y corrupto; y para la cántabra María José Sáenz de Buruaga «pura corrupción política», mientras que el presidente valenciano, Carlos Mazón, cree que es inconstitucional y rompe el consenso político y territorial alcanzado en 1978 durante la Transición.
La presidenta balear, Marga Prohens, ha denunciado que se trata de un «peaje» para mantenerse en la Moncloa «con el dinero de los ciudadanos de las Islas Baleares» y presidente de Aragón, Jorge Aragón, ha llamado a los aragoneses a una «rebelión cívica»: «se han repartido los recursos y al resto lo que nos están dando son las sobras»
Esta misma tarde, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha enviado una carta a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que le pide una «reforma multilateral» del sistema de financiación autonómica y muestra su preocupación por las negociaciones bilaterales con Cataluña.
En opinión del presidente de Vox, Santiago Abascal, el acuerdo es una buena muestra de lo «nefasto» y «nocivo» del actual sistema de financiación: «Estamos en manos de una mafia que toma decisiones solo para permanecer en el poder».
Y el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha acusado al PSOE de intentar “tapar” los casos de corrupción y de machismo a través de la financiación singular para Cataluña.
Apoyo de los socios, pero con matices
Sumar ha celebrado que se abra el debate sobre la «imprescindible reforma» del sistema de financiación autonómica, donde el partido de Yolanda Díaz defiende la necesidad de acabar con el dumping fiscal y de dotar de más recursos a las comunidades.
Y el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha apoyado este acuerdo entre ERC y PSOE siempre que sea «extrapolable a todas las comunidades autónomas» para que corrijan sus respectivos déficit de financiación.
Desde Compromís, Joan Baldoví ha señalado que los acuerdos bilaterales son «legítimos», pero ha defendido que la financiación autonómica «tiene que avanzar no solo para Cataluña» mientras que su compañera Águeda Micó ha subrayado que su grupo no apoyará ninguna reforma de la financiación autonómica que no solucione la situación de infrafinanciación valenciana. EFE
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