Palencia, 5 ago (EFE).- El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha acusado este martes al Ministerio para la Transición Ecológica de «estar en rebeldía» por negarse a comunicar a la Comisión Europea que el lobo ibérico se encuentra en España en estado de conservación favorable, lo que permitiría a las comunidades gestionar su presencia en equilibrio con la ganadería extensiva.
En declaraciones realizadas en Palencia, Suárez-Quiñones ha explicado que quince comunidades autónomas, entre ellas gobiernos del PSOE como Aragón y Navarra, han solicitado por carta una reunión con la comisaria europea de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius, a la que han adjuntado el censo nacional del lobo elaborado por las propias comunidades.
«Es el documento que el Ministerio se niega a remitir, a pesar de estar obligado por la normativa europea», ha señalado.
Según el consejero, el Gobierno de España no quiere reconocer lo que es evidente, «que el lobo tiene un estado de conservación favorable».
En su opinión, esa negativa responde a una voluntad política de mantener la especie protegida en toda España, impidiendo su control poblacional incluso en las zonas donde causa mayores daños a la ganadería.
«No lo manda porque no quiere que las comunidades gestionemos la especie buscando un equilibrio», ha opinado.
Según Suárez-Quiñones, el Ministerio está incumpliendo las obligaciones con Bruselas y con la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, cuya reunión fue solicitada por varias comunidades para aprobar el censo y que finalmente fue desconvocada por el Ministerio.
Las 15 comunidades han reclamado una interlocución directa con la Comisión Europea para denunciar la actuación del ministerio, que consideran «arbitraria, ilegal y contraria al sentido común» y trasladar su posición.
«Vamos a ir a Europa con los datos y queremos que nos reciba la comisaria. Le hemos explicado que quien debe mandar esa información, que es el Gobierno está en rebeldía», ha reiterado.
Asimismo, ha defendido la posición de las comunidades firmantes, que aseguran llevar «décadas conservando al lobo» y buscan compatibilizar su presencia con la actividad ganadera.
Como ejemplo, ha señalado que solo en 2024 se registraron más de 12.000 ataques a ganado atribuidos al lobo en España, de los cuales 6.000 se produjeron en Castilla y León.
A juicio de Suárez-Quiñones, «el Ministerio sigue actuando de forma incomprensible, ajeno a la legalidad y a la realidad del medio rural».
«No sabemos a quién defiende, si al lobo o al medio rural. No hace nada. Desconocemos para quién gobierna este Ministerio y qué pretende conseguir», ha lamentado.
