Lima, 29 abr (EFE).- El expresidente de Perú Pedro Castillo (2021-2022) afirmó este martes que la Fiscalía no ha podido configurar el delito de rebelión en su contra, cargo por el que podría ser condenado a una pena de 34 años de prisión, a raíz del fallido intento de golpe de Estado de 2022.
Durante la audiencia del juicio oral por este caso, Castillo se dirigió a los jueces para criticar que fue detenido, el 7 de diciembre de 2022, mientras era presidente de la República con todas las prerrogativas de ley.
“La fiscal (Galinka Meza) ha renunciado porque no ha podido configurar un delito en mi contra”, expresó el destituido expresidente sobre la renuncia que presentó la representante del Ministerio Público a inicios de este mes por motivos personales.
“A mí me han elegido 9 millones de peruanos con sed de justicia”, se defendió Castillo al referirse a los 8,8 millones de votantes que le dieron la victoria en segunda vuelta frente a la candidata Keiko Fujimori.
El exgobernante reclamó a los magistrados que “se ahorren tiempo y dinero” y le “digan ya lo que tienen que decir”, en alusión a la sentencia que dictarán al final del proceso.
En opinión de Castillo, los congresistas testigos que han sido citados al juicio han mentido al afirmar que primero se votó la vacancia (destitución) presidencial y luego se efectuó su detención.
“Ustedes pueden tener dinero, pero no tienen la razón”, afirmó Castillo al dirigirse a los jueces.
La sala le permitió al exmandatario retirarse momentáneamente de la audiencia para ser revisado por médicos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) porque manifestó dolores lumbares que le impedían estar sentado durante muchas horas.
Durante la jornada de este martes, la sala llamó a dos peritos informáticos que analizaron los archivos digitales de la presidencia del Consejo de Ministros, donde se presume que se elaboró el mensaje a la nación que leyó Castillo el 7 de diciembre de 2022 para anunciar el cierre del Congreso, la intervención del Poder Judicial, además de anunciar la conformación de un gabinete de emergencia que iba a gobernar por decreto.
El entonces presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, uno de los seis acusados junto a Castillo, dijo que tampoco se ha presentado ninguna prueba en su contra y que la acusación en una falsedad del Ministerio Público.
