Lima, 13 mar (EFE).- El ex jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional de Perú, Vicente Álvarez, afirmó este jueves que fue testigo de la conversación en la que el entonces presidente Pedro Castillo ordenó al comandante general del cuerpo el arresto de la fiscal general y el cierre del Congreso, tras el mensaje en el que ordenó clausurar el Parlamento e intervenir el sistema de Justicia en 2022.
Álvarez declaró como testigo en el juicio en el que Castillo es acusado de rebelión en el fallido golpe de Estado y aseguró que escuchó como el exmandatario le transmitía telefónicamente al ex comandante general de la Policía Raúl Alfaro Alvarado esas órdenes, minutos después de la retransmisión del mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022.
“Escucho que el general Alfaro estaba hablando por teléfono y dice, ‘señor presidente, sí, que cierre el Congreso, ¿pero por qué motivo?, que detenga a la fiscal de la Nación, ¿pero por qué motivo? ¿cuál es la causa?'”, relató Álvarez.
Declaró que la Policía Nacional no llevó a cabo estas órdenes por respeto a la Constitución.
“El general Alfaro me dice, ‘esta es la disposición que ha dado el presidente de la República’, y yo le digo, ‘no vamos a cumplir, nos mantenemos en la posición de respeto a la Constitución'”, señaló.
Después de presenciar esta llamada, sostuvo que fue a reunirse con el entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Jesús Martín Gómez de la Torre, con quien también acordó mantenerse firmes de acuerdo a la carta magna.
“No íbamos a aceptar el mensaje que se daba”, sostuvo Álvarez, que ahora se encuentra retirado.
Álvarez relató los hechos ocurridos la jornada del 7 de diciembre, que acabó con la detención de Castillo, su destitución como jefe de Estado y la juramentación como mandataria de la entonces vicepresidenta, Dina Boluarte.
Expuso que, al inicio de aquella mañana, el entonces ministro del Interior, Willy Huerta, que también está acusado en el juicio, le pidió abrir las rejas que rodean el Palacio de Gobierno para que defensores de Castillo pudieran ingresar en la Plaza de Armas, que normalmente se encontraba cerrada.
Respondió que esto no era posible por los riesgos que implicaba, pero, como suponía contradecir una orden superior, llamó al departamento de Inteligencia para sustentar su negativa.
También informó a De la Torre sobre lo ocurrido y consideraron que esta disposición “parecía rara” y acordaron estar “atentos y alerta”.
Detalló que, después de que la propia escolta policial de Castillo le detuviera en flagrancia, pidió al expresidente bajar del coche y le comunicó que estaba en calidad de detenido tras “haber quebrado el orden constitucional”.
Oficial acusado
Antes de Álvarez, declaró uno de los tres oficiales policiales acusados, Manuel Elías Lozada, ex jefe de la Región Policial Lima, al que el Ministerio Público señala como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración en agravio del Estado peruano.
Expuso que, en la mañana del 7 de diciembre, también recibió una llamada de Huerta para pedirle abrir las rejas.
Lozada rechazó la solicitud, pues, según indicó, podía generar enfrentamientos entre opositores y defensores del exmandatario y se pondría en riesgo tanto la seguridad de las personas, como la propiedad privada y pública.
Poco después, Castillo dio su mensaje a la nación, y fue informado por una asesora del Congreso que estaban echando del Legislativo a parlamentarios y trabajadores.
“En ese momento era todo un desconcierto”, declaró Lozada.
En este sentido, ordenó por radio a los efectivos policiales que no restringieran la entrada y salida de congresistas y negó haber impedido su acceso al Parlamento, como indica la Fiscalía.
