Cerdán se enfrenta al interrogatorio del juez tras el informe de la UCO que lo señala

MADRID .- El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en una imagen de archivo del pasado 19 de junio.
EFE/ Rodrigo Jiménez

Madrid, 29 jun (EFE).- El ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán comparece mañana lunes como investigado ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, tras el informe de la UCO que le vincula presuntamente con la trama del caso Koldo y la adjudicación irregular de obras públicas.

Cerdán está citado a las 10.00 horas en el alto tribunal en medio de una enorme expectación mediática por lo ocurrido desde que se hiciera público el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) el pasado 12 de junio y los audios de la trama junto al exministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García.

El ex dirigente socialista se enfrentará a un interrogatorio con la previsión de declarar, según avanzan a EFE fuentes jurídicas, tras el cual el magistrado estudiará la adopción de medidas cautelares.

Y lo hará, como fija la ley, a puerta cerrada una vez que el magistrado ha rechazado su insólita petición de retransmitir en directo su comparecencia para que la puedan seguir los medios y la opinión pública en general.

La empresa clave: Servinabar

Cerdán deberá responder ante el instructor por la presunta trama corrupta de adjudicaciones públicas que destapó la UCO y por el documento que le vincula con Servinabar, una de las empresas clave.

De hecho, el juez tiene ya en su poder el contrato privado, hallado en el registro del empresario Antxon Alonso, socio de la empresa Servinabar 2000 junto con Cerdán, por el que el exsecretario de Organización del PSOE se hizo en 2016 con el 45 % de la empresa Servinabar, beneficiaria de adjudicaciones sospechosas, por 6.000 euros.

La empresa asegura que Cerdán «no ha sido nunca, ni es socio de Servinabar», si bien en el contrato privado que consta de cuatro páginas, aparecen firmadas todas ellas por Cerdán y Alonso, con el sello final de la compañía, que ha recibido más de 75 millones de euros por adjudicaciones públicas concedidas por el Gobierno navarro.

El triangulo Ábalos, Koldo, Cerdán

El juez acoge la tesis de la Guardia Civil y alude en su último auto a los indicios de que Cerdán pudo haber participado, junto a Ábalos, «en la percepción de premios económicos a cambio de concesiones irregulares de obras públicas», pudiendo ser él «quien se encargara de distribuir» las cantidades «recaudadas».

Puente ve «consistentes indicios» de que pudo incurrir en delitos de organización criminal y cohecho tras un informe que revela que Cerdán pudo gestionar 620.000 euros en mordidas en favor de Ábalos y Koldo, y de que también pudo haberse llevado dinero.

Y, por eso, ha ordenado ya investigar su patrimonio para conocer su situación financiera, además de su correo corporativo, una diligencia que los agentes practicaron el pasado día 20 en Ferraz, pues los agentes creen que Cerdán facilitó ese correo a Koldo para que le remitiese por esa vía «ciertas comunicaciones relevantes».

Pero mientras la UCO prosigue con la investigación, Cerdán ha trasladado al juez su intención de aportar este lunes información sobre su situación patrimonial, como ejemplo de su «clara voluntad de transparencia».

Los últimos registros: el foco en Adif y Carreteras

En paralelo a la investigación del Supremo, un juez de la Audiencia Nacional se adentra también en las presuntas adjudicaciones irregulares en las que habrían estado involucrados la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero.

La UCO registró este jueves sus casas en Madrid -y otra de Pardo de Vera en el norte de España- y acudieron de nuevo a las sedes de Adif y del Ministerio de Transportes para requerir documentación.

Lo hicieron por orden del juez Ismael Moreno, a quien el Supremo le remitió los indicios que apuntan a que ambos podrían haber prestado asistencia a Ábalos a través de su entonces asesor, Koldo García, para que las adjudicaciones proyectadas por ellos «pudieran llegar a buen término», facilitando presuntamente información sobre los expedientes.EFE

rma.mms/ie