Santiago de Chile, 11 sep (EFE).- Las excavaciones que este año se han realizado en el cuartel de Cerro Chena, donde testigos han señalado la existencia de posibles fosas clandestinas con restos de desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), son apenas el último capítulo de una tarea asumida en soledad hace más de 50 años por las familias afectadas.
Esta tarea tiene desde 2023 en Chile un carácter oficial: el Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el presidente, Gabriel Boric, una ruta inédita en el país para enfrentar desde el Estado la deuda con las 1.469 personas víctimas de desaparición forzada entre 1973 y 1990, de las que 1.092 aún permanecen con paradero desconocido.
A seis meses del término del actual Gobierno, familiares y autoridades apuntan a la necesidad de hacer de esta tarea «histórica e ineludible» una política permanente que no dependa del signo político de quien esté en La Moneda.
«Estamos ad portas de un cambio de gobierno y no sabemos qué va a pasar con este plan. Vamos a insistir en que se cree un organismo especial de búsqueda, independiente y autónomo, aprobado por ley, con un marco institucional y un presupuesto que garantice su continuidad», dijo a Efe la presidenta de la Corporación Cerro Chena, Mónica Monsalves.
Más de cien diligencias
En cementerios de al menos ocho regiones del país se han realizado diligencias de búsqueda, entre ellos los de Santiago, Copiapó, Pisagua, Iquique, Playa Ancha, Valdivia y Punta Arenas, además de sitios como la Escuela de Suboficiales del Ejército, Colonia Dignidad y el propio Cerro Chena.
El propio mandatario informó a la nación sobre los trabajos concretos en el marco del Plan: más de 100 diligencias en terreno, incluyendo excavaciones, entrevistas, acompañamiento a familiares y revisión de archivos y peritajes forenses, tanto judiciales como extrajudiciales.
Estos esfuerzos, a juicio de Monsalves, deben «consolidarse con un mejoramiento de la coordinación institucional en todos los niveles, sobre todo en terreno. Que esta política sea permanente implica que las instituciones se escuchen entre ellas, incluidas las Fuerzas Armadas, con un marco de deber jurídico vinculante.
«Enfrentar el paso del tiempo»
Lo más complejo del proceso, dijo a EFE la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, «ha sido enfrentar el paso del tiempo y las consecuencias de décadas sin una política pública de búsqueda».
«Pasaron más de 30 años desde el retorno a la democracia antes de que existiera una estrategia estatal permanente de búsqueda, lo que significa que existen altas posibilidades de que parte de la información relativa a los casos haya podido perderse», detalló.
A estas dificultades se suma «el daño causado por operaciones de encubrimiento sistemático» realizadas por la dictadura, intentos por «borrar evidencia trasladando y ocultando cuerpos en fosas comunes que fueron inhumados de los lugares iniciales donde fueron enterrados, buscando destruir el rastro».
Pese a estos obstáculos, resaltó la subsecretaria, hacer del plan -que hoy opera bajo decreto- una obligación legal que tenga el rango de ley es «prioritario, de modo que ninguna administración futura pueda desmantelar o despriorizar el esfuerzo».
«Esto significa que todas las instituciones deben colaborar, el financiamiento está garantizado en la Ley de Presupuestos y los hitos del plan son de cumplimiento obligatorio. Nuestro objetivo es asegurar que el mandato de buscar a las personas desaparecidas perdure en el tiempo y que las familias nunca vuelvan a quedar solas», enfatizó Quintanilla.
Ajustes urgentes
Para el Coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, el contexto electoral que enfrenta el país, donde uno de los candidatos favoritos defiende el modelo de la dictadura y fue rostro en la campaña del plebiscito de 1988 en favor de Pinochet «exige ajustes urgentes y estructurales» al plan.
«Considerando estos posibles giros ideológicos, debemos asegurar la continuidad, independencia y efectividad del plan. Debe institucionalizarse mediante una ley que lo blinde de modificaciones arbitrarias, establecimiento financiamiento anual y mecanismos de rendición de cuentas independientes del Ejecutivo», subrayó.
En este contexto, agregó, es necesario “fortalecer la participación de las agrupaciones de familiares de víctimas y hacer ajustes operativos urgentes, como la desclasificación total de archivos militares y de inteligencia, mayor colaboración con el Poder Judicial para acelerar causas y la integración de expertos internacionales”.
Sebastián Silva
