Santiago de Chile, 7 oct (EFE).- La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile la noche del lunes aprobó y despachó para ser ley el proyecto de ley que busca reconocer con una categoría jurídica propia a los detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y por primera vez creará un registro de personas ausentes por desaparición forzada.
«A 52 años del golpe de Estado, recién hoy vamos a tener un registro oficial de las 1.469 personas que fueron víctimas de la desaparición forzada”, señaló a la prensa el ministro de Justicia chileno, Jaime Gajardo, tras la votación.
El proyecto, aprobado por 89 votos a favor, 28 en contra y 4 abstenciones, crea la calificación jurídica de “ausente por desaparición forzada” e implica, según la iniciativa, “el reconocimiento por parte del Estado de Chile de que la persona fue víctima de alguna forma de privación de libertad por obra de agentes del Estado» desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 10 de marzo de 1990.
En la práctica, este reconocimiento «simbólico», como lo calificaron los parlamentarios de la coalición gubernamental, que votaron a favor, implica que las familias de las personas detenidas y hechas desaparecer no deban declarar la presunta muerte de sus seres queridos.
El catastro será administrado por el Registro Civil e incorporará a las personas listadas en los informes específicos de las tres comisiones de verdad sobre violaciones a los derechos humanos que empujó el país a su regreso a la democracia y también en sentencias judiciales de procesos penales regulados por la ley de declaración de ausencia por desaparición forzada.
La dictadura de Chile duró 17 años y causó más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, según cifras de la comisión oficial que recopiló testimonios de víctimas y familiares. De ellas, 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada y 1.092 aún siguen en paradero desconocido. Más de 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado.
La futura ley va en línea con el inédito Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos implementado por el Gobierno del progresista Gabriel Boric, en noviembre de 2023, en el que por primera vez el Estado se hace cargo de la búsqueda de estas personas e instaura medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión de este tipo de crímenes.
