Chivite trata de desligar lo relativo al PSN del Gobierno entre peticiones de dimisión

La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, pasa este jueves junto al vicesecretario general del PSN-PSOE y portavoz del grupo parlamentario del PSN, Ramón Alzórriz, que cesó este miércoles en sus cargos aunque sigue como parlamentario. EFE/ Jesús Diges

Pamplona, 19 jun (EFE).- La renuncia del número dos del PSN-PSOE a sus cargos en el partido y la portavocía parlamentaria tras dar a conocer que su pareja había trabajado en una empresa que la UCO vincula con Santos Cerdán está marcando la actividad política en Navarra donde la presidenta María Chivite trata de desligar esas informaciones del Ejecutivo, mientras sus socios se mueven entre la prudencia y la exigencia de responsabilidades y la oposición pide su dimisión.

La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha afirmado este jueves que no tiene "ningún argumento para dimitir" y ha subrayado que ni Santos Cerdán ni Ramón Alzórriz son miembros del Ejecutivo Foral y, por lo tanto, "no mezclemos las cosas". EFE/ Jesús Diges

Horas después de reconocer ante los medios de comunicación que se sentía «profundamente traicionada en lo personal y políticamente» por Santos Cerdán, el compañero y amigo que le ha acompañado en su trayectoria política, Chivite supo que la pareja de su número dos en Navarra había trabajado en una empresa vinculada con él, según informó Alzórriz, quien admitió que eso ha supuesto una pérdida de confianza que le ha llevado a renunciar a sus cargos.

Este jueves, ambos han coincidido en el Parlamento de Navarra con rostros serios, sentados en sus asientos habituales, Chivite en la primera fila y Alzórriz tras ella. A lo largo de la mañana este ha formalizado su renuncia como portavoz.

En declaraciones previas al inicio del pleno y ante las peticiones de dimisión por parte de la oposición en el Parlamento, Chivite ha afirmado que no tiene «ningún argumento para dimitir» y ha subrayado que ni Santos Cerdán ni Ramón Alzórriz son miembros del Ejecutivo Foral. «No mezclemos las cosas», ha señalado.

«No hay argumentos para dimitir», porque no hay «ningún indicio de ilegalidad escrito en ningún sitio, en ningún informe», ha declarado la presidenta, quien ha puesto de relieve que tiene unos presupuestos, un proyecto y un acuerdo de Gobierno «que sacar adelante». «Y ese va a ser mi empeño», ha apostillado.

Mientras tanto, sus socios de gobierno, Geroa Bai y Contigo Zurekin, se han posicionado entre la prudencia y la exigencia de responsabilidades.

El portavoz parlamentario de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha pedido prudencia, porque de la investigación de la UCO «no se desprende ninguna ilegalidad en contratos o adjudicaciones del Gobierno de Navarra, cosa que sí está constatada en contratos del Ministerio y del Estado en otras comunidades».

Por su parte, el portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha anunciado la intención de la coalición de registrar cuanto antes una propuesta de comisión de investigación de todas las adjudicaciones llevadas a cabo en Navarra por empresas señaladas en el informe de la UCO.

Desde EH Bildu, socio presupuestario del PSN, han anunciado que van a proponer en la Mesa del Parlamento de Navarra que la institución se persone en la causa abierta en relación con las informaciones que se están conociendo en torno al caso Koldo. Su portavoz, Laura Aznal, ha asegurado que van a ser muy exigentes con el PSN y el Gobierno de Navarra para que investiguen «hasta el final».

Desde la oposición, el partido mayoritario, UPN, ha pedido, a través de su portavoz, Javier Esparza, la dimisión de Chivite, a quien ha considerado «contaminada» por Cerdán y Alzórriz.»No puede seguir de presidenta ni un minuto más», ha declarado, subrayando que «las dos personas más poderosas dentro del PSN han caído».

En la misma línea el portavoz parlamentario del PPN, Javier García, ha exigido la dimisión de la presidenta y la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad Foral, al mismo tiempo que ha avanzado que están estudiando la posibilidad de emprender acciones judiciales.

El parlamentario del Grupo Mixto, Emilio Jiménez, quien ha hablado de «una supuesta mafia navarra, depredadora y recolectora de recursos públicos», ha sostenido que los presuntos implicados «lo que tienen que hacer primero es dimitir y algunos que vayan tomando asiento en la cárcel».