Ginebra, 13 jun (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha observado una degradación constante de la situación humanitaria en Colombia, la intensificación gradual de las hostilidades y la multiplicación y fragmentación de grupos armados que han aumentado su control sobre las comunidades y la población civil.
«Y todo esto con una falta de respeto general de los principios del derecho humanitario internacional que gobierna justamente la conducta en conflictos», afirma en una entrevista con EFE el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Patrick Hamilton, quien participa en la reunión anual de responsables nacionales de esta organización en su sede de Ginebra.
Esta situación es patente desde 2018 (dos años después de la firma del acuerdo de paz), pero se agravó en 2024 y en los primeros meses de 2025, lo que se refleja en las cifras de víctimas civiles de artefactos explosivos, de desplazamientos forzados y de población confinada, que se han disparado de forma alarmante.
En la primera parte de este año, en 2025, «con la crisis en la región de Catatumbo, pero también en otras regiones, como el Valle de Cauca, Guaviare y Antioquía vemos aún más la intensificación de las hostilidades y su impacto humanitario», en particular en las zonas rurales, explicó el responsable.
La organización humanitaria, que tras 55 años de presencia en Colombia tiene canales de diálogo abiertos prácticamente con todos los grupos armados no estatales, contabilizó el año pasado ocho conflictos activos en el país.
No obstante, la gran fragmentación de los actores armados es un desafío para todos, sea el CICR o las propias comunidades: «A menudo es difícil identificar con quién debemos dialogar, quién puede darnos una confirmación de acceso seguro en una región o en otra».
La gravedad de la situación se refleja en datos como las 719 víctimas por artefactos explosivos (civiles en el 67 % de casos) registradas en 2024, un aumento del 89 % frente al año anterior, «lo que demuestra otra vez la falta de precauciones por las partes (que participan) en conflictos para proteger a la población civil».
El dato es aún más preocupante si se considera que en 2017 hubo 59 víctimas por artefactos explosivos.
Hamilton explica que otro ejemplo del deterioro humanitario son las casi 90.000 personas confinadas en distintas localidades de Colombia el año pasado por efectos de los distintos conflictos, un 90 % más que en 2023 y ocho veces más que en 2017.
Las víctimas de confinamiento pierden el acceso a sus tierras agrícolas, así como a los bienes y servicios más esenciales, llegando a perder incluso los medios para alimentarse, por lo que se encuentran entre las prioridades que atiende el CICR, que negocia con los grupos armados que ejercen el control un acceso humanitario para aportarles agua, alimentos y otros insumos vitales.
De los diálogos con las comunidades, el CICR ha observado con preocupación en los últimos meses el aumento de niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados.
El CICR cree que estos menores reclutados son «una parte importante» de los 250 desaparecidos sobre los que hemos recibido denuncias en 2024″, sostuvo Hamilton.
El repunte de la violencia armada ha provocado nuevas olas de desplazamiento en Colombia, con 160.000 casos el año pasado, pero ha sido la crisis que se desarrolla desde principios de año en Catatumbo «el evento de desplazamiento más grande en décadas, de más o menos 60.000 personas».
«Nosotros (el personal del CICR) tuvimos un acceso relativamente único a estas zonas rurales para llevar asistencia de emergencia y apoyar a las comunidades a recuperar cuerpos», explicó.
Sobre las bajas registradas, Hamilton afirma que es difícil saber cuántas hubo, aunque recibió informes que apuntan a unos 250 muertos «en los primeros días (de enero), pero también en las hostilidades posteriores, aunque es un poco difícil saber cuántos eran civiles y cuántos combatientes. Y todavía sigue habiendo enfrentamientos hoy en día, así que esta crisis no ha concluido».
Como la gran mayoría de organizaciones internacionales de carácter humanitario, el CICR también vive tensiones financieras, pero su ventaja es que se adelantó al resto y ya en 2023 se lanzó en un proceso de reestructuración global y que en el caso de Colombia implicó una reducción del 25 % del presupuesto para las operaciones en este país.
El jefe de la delegación sostiene que por ahora no ve que las actividades deban contraerse este año y asegura que Colombia se mantendrá como uno de los países prioritarios para la labor humanitaria de la organización.
