Quito, 29 ago (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo este viernes un nuevo llamamiento al Estado ecuatoriano para garantizar la independencia de la Corte Constitucional (CC) y la seguridad de sus magistrados, después de que el Gobierno del presidente Daniel Noboa presionara al tribunal por haber suspendido cautelarmente varios artículos de leyes promovidas por el mandatario.
La CIDH reiteró en un comunicado su preocupación por las «amenazas a la independencia de la Corte Constitucional de Ecuador» por parte de Noboa, quien encabezó una multitudinaria manifestación contra la Corte con declaraciones tanto del gobernante como de los ministros que acusan a los jueces de estar en contra de la seguridad del país.
«Las acciones y discursos de altas autoridades del Estado que acusan a la CC de aliarse con el crimen organizado constituyen ataques a la independencia judicial y podrían poner en riesgo la seguridad de los integrantes de dicho tribunal y de sus equipos de trabajo», señaló la Comisión.
«Estas acciones, sumadas a un ambiente digital hostil, amenaza la autonomía necesaria para la administración de justicia constitucional sin interferencias», añadió.
La Comisión señaló específicamente las declaraciones de la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Niels Olsen, vertidas contra la Corte Constitucional en una conferencia de prensa junto con militares y policías.
En esa comparecencia pública indicaron que «en este momento no hay puntos intermedios: o se está del lado de quienes defienden al país o de quienes les quitan las herramientas para dárselas a los criminales, los enemigos del pueblo».
La marcha convocada por Noboa contra la Corte Constitucional estuvo acompañada en el recorrido de carteles con las fotos de los rostros de los nueve magistrados en los que se les acusaba de ir contra la seguridad del país.
Al mismo tiempo, Noboa ha propuesto que los jueces de la Corte Constitucional puedan ser objeto de juicio político por parte de la Asamblea Nacional, como parte de las reformas que busca poner al voto popular en un referéndum que se celebraría a finales de año.
La CIDH recordó a Ecuador su deber de asegurar el desarrollo libre de la función de la Corte Constitucional y garantizar la seguridad e integridad de las personas operadoras de justicia, incluyendo quienes tienen a su cargo la verificación del cumplimiento de estándares de derechos humanos en las leyes de aplicación general.
La Comisión enfatizó que «la separación de poderes y la independencia judicial son fundamentales en los sistemas constitucionales de pesos y contrapesos» y reiteró que «la labor de las personas operadoras de justicia es fundamental tanto para garantizar los derechos humanos, como para proteger al sistema democrático frente a los posibles abusos de los propios gobiernos, representantes electos y grupos de poder económico o de otro carácter».
El único freno a Noboa
La Corte Constitucional de Ecuador es actualmente el único poder del Estado que ha frenado el quehacer de Noboa, especialmente al modular y limitar los sucesivos estados de excepción que ha decretado desde inicios de 2024 cuando declaró al país bajo «conflicto armado interno» contra el crimen organizado.
Las tres polémicas leyes que son materia de revisión por parte de la Corte Constitucional son parte de un paquete de reformas iniciado por Noboa desde que fue reelegido este año hasta 2029, al aprovechar que ahora cuenta con el control de la Asamblea Nacional.
Estas leyes son promovidas por Noboa con carácter económico urgente, un mecanismo para tramitar de manera exprés proyectos de leyes en materia económica, pero que en su interior esconden disposiciones sobre otras materias enfocadas en seguridad.
Por ello, las denominadas leyes de Solidaridad Nacional, Integridad Pública y Transparencia han acumulado numerosas demandas de inconstitucionalidad por parte de organizaciones y colectivos civiles que son tratadas por parte de la Corte Constitucional.
«Indultos anticipados» a policías y militares
A inicios de agosto, el tribunal suspendió varios artículos de estas tres leyes al considerar que pueden vulnerar derechos fundamentales mientras evalúa el contenido de las leyes para dar un dictamen definitivo.
Entre los artículos suspendidos se encuentra el que otorgaba a Noboa la potestad de conceder «indultos anticipados» a policías y militares que sean procesados por delitos cometidos en el marco del «conflicto armado interno» contra las bandas criminales.
Asimismo, también tomó la misma misma con varios aspectos de la Ley Orgánica de Inteligencia, que permitía a los agentes de inteligencia recibir identidades falsas y requerir a las empresas de telefonía datos sobre los usuarios, además de disponer de fondos especiales exentos de las disposiciones de la ley de contratación pública.
