Quito, 7 ago (EFE).- Cientos de personas marcharon este jueves en Quito, la capital de Ecuador, para protestar en contra de los recortes emprendidos por el presidente, Daniel Noboa, y en defensa de la Corte Constitucional, a la que el mandatario busca enfrentarse después de que el tribunal suspendiera parcialmente una serie de leyes denunciadas por organizaciones sociales.
La movilización, convocada por los principales sindicatos del país, como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la mayor central sindical del país andino, recorrió el centro de la ciudad hasta llegar a la sede de la Corte Constitucional, en señal de apoyo a sus magistrados luego de las críticas de Noboa hacia ellos.
La marcha fue una de las más multitudinarias de una serie de protestas que se han registrado en Quito desde que Noboa anunciara uno de los mayores recortes de gasto público de los últimos años en el país, al reducir el Ejecutivo de 20 a 14 ministerios y despedir a 5.000 funcionarios.
«Los despidos significan la precarización de las condiciones de vida del país. Son 5.000 familias y se cree que puedan llegar a ser 70.000 según las exigencias del FMI», dijo el presidente del FUT, Edwin Bedoya, sin especificar la razón del crecimiento exponencial de sus cálculos.
El trasfondo de los recortes se enmarcan en la necesidad del Gobierno de reducir el déficit estatal y alcanzar las metas marcadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que mantiene un programa crediticio por 5.000 millones de dólares hasta 2028.
A la vez, las organizaciones sociales han logrado -a través de diversas demandas de inconstitucionalidad- que la Corte Constitucional suspenda una serie de artículos de cuatro leyes que consideran atentatorias contra los derechos fundamentales.
Entre los artículos suspendidos, mientras el tribunal decide la legalidad de estas normas, figura la pregorrativa que se le había dado al mandatario de otorgar «indultos anticipados» a policías y militares que sean procesados por delitos cometidos bajo el estado de «conflicto armado interno» que, desde inicios de 2024, el mandatario decretó contra el crimen organizado.
Así mismo, quedaron también suspendidos artículos que permitían al sistema nacional de inteligencia dar identidades falsas a sus agentes y requerir información de usuarios a las empresas de telefonía, así como otro que obligaba a las cooperativas de ahorro a convertirse en sociedad anóminas y entrar dentro del sector financiero privado.
Denuncian «carácter dictatorial»
La presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, Marcela Arellano, advirtió que la administración de Noboa «se está configurando como un gobierno de carácter dictatorial».
Arellano hizo énfasis en otro polémico proyecto de ley del gobernante, llamado Ley Orgánica para el Control del Flujo de Capitales Irregulares, que contempla un mayor control estatal de la financiación de las organizaciones no gubermanetales y fundaciones.
«Convocamos a defender la democracia, la institucionalidad y la única institución que está protegiendo medianamente los derechos, que es la Corte Constitucional», dijo la líder sindical, que también expresó la preocupación por las preguntas propuestas por Noboa para un nuevo referéndum de modificaciones constitucionales previsto inicialmente para diciembre.
En ese plebiscito, además de preguntar si los ecuatorianos están de acuerdo con que puedan volver a establecerse bases militares extranjeras en el país, como la que Estados Unidos tuvo hasta 2009, Noboa propone permitir el enjuiciamiento político de los jueces de la Corte Constitucional.
«Es una pregunta gravísima para la democracia», apuntó Arellano, quien también criticó que Noboa vuelva a incluir una pregunta para permitir el trabajo por horas, un asunto sobre el que los ecuatorianos votaron mayoritariamente en contra en 2024 y que ahora vuelve a ser propuesto para que sea únicamente en el sector turístico y con jóvenes sin experiencia laboral previa.
«Demandamos al Gobierno nacional que detenga los ataques a la democracia, que detenga los ataques a las organizaciones sociales y la implementación de la agenda de carácter neoliberal. Los ecuatorianos ya estamos empobrecidos y endeudados», concluyó Arellano.
En contravía, Noboa ha convocado para el martes 12 de agosto una marcha en oposición a la Corte Constitucional para protestar contra la suspensión parcial de estas leyes que el mandatario considera claves para sacar adelante al país andino de la crisis de seguridad y violencia sin precedentes que atraviesa, así como para atacar las economías ilegales de las bandas criminales.
