Buenos Aires, 26 ago (EFE).- Un escándalo por supuestos sobornos en la compra de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sacudió en los últimos días al Gobierno de Javier Milei, quien fue denunciado ante la Justicia junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Estas son cinco claves sobre el caso:
1. Los audios del escándalo
Una serie de audios difundidos el 20 de agosto en los medios locales, adjudicados al ahora extitular Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, desataron un nuevo escándalo de corrupción en el seno del Gobierno argentino.
Spagnuolo, además, es uno de los abogados de Javier Milei.
En esos audios, describe un presunto esquema de sobornos en la compra estatal de medicamentos que tendría como principal responsable al subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo ‘Lule’ Menem, primo del titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.
Karina Milei es señalada en las grabaciones filtradas como posible destinataria de un 3% de los montos que el estado argentino pagaba a la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina, a cambio de fármacos destinados a programas de asistencia para personas con diversas patologías crónicas.
Horas después de la filtración de las grabaciones, el presidente decidió apartar de manera “preventiva” a Spagnuolo de su cargo e intervenir la Andis por un período de 180 días.
2. Los denunciados
Javier Milei, su hermana Karina, ‘Lule’ Menem, Diego Spagnuolo y el dueño de Suizo Argentina, Eduardo Kovalivker, fueron denunciados el mismo día de la filtración, acusados de integrar un «esquema de cobro y pago de coimas (sobornos) relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos».
La denuncia, presentada por el abogado Gregorio Dalbón, incluye los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública.
Dalbón es uno de los representantes legales de la expresidenta peronista Cristina Fernández (2007-2015), en la actualidad en prisión domiciliaria tras ser condenada a seis años por asociación ilícita y administración fraudulenta durante su gobierno.
La causa está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, que ordenó desde entonces al menos quince allanamientos vinculados a la investigación.
Como parte de estos operativos, se incautaron 266.000 dólares en efectivo en poder del empresario Emmanuel Kovalivker, hijo de Eduardo Kovalivker, ambos directivos de Suizo Argentina.
Además, los celulares de Spagnuolo y de los dueños de la empresa quedaron en manos de la Justicia para contrastar lo que surgió de los audios con el resto de las conversaciones.
3. Silencio de Milei
Hasta el momento, Milei y su hermana no han hecho mención pública alguna a la denuncia, a pesar de que ambos tomaron la palabra en diversos actos públicos en los últimos días.
La reacción oficial llegó a través de ‘Lule’ y Martín Menem, quienes este lunes negaron los hechos y acusaron una operación política en la antesala de unos comicios legislativos clave en la provincia de Buenos Aires.
Suizo Argentina, por su parte, reaccionó este martes con un comunicado, compartido por Milei en sus redes, en el que negó cualquier irregularidad en su accionar.
4. Otras causas de corrupción
La presente causa de presuntos sobornos es la segunda denuncia de corrupción contra Milei y su entorno directo: en febrero de este año, el caso $LIBRA había golpeado la imagen pública presidencial a nivel local e internacional.
El 14 de febrero de 2025, Milei promocionó a través de la red social X una posibilidad de inversión en la criptomoneda $LIBRA, cuyo valor se desplomó pocos minutos después de su lanzamiento, provocando pérdidas millonarias en sus inversores y desencadenando una serie de denuncias contra el mandatario tanto en Argentina como en el extranjero.
Ante esto, el Gobierno argentino creó en febrero una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para esclarecer posibles irregularidades en torno al caso, pero la cerró poco después, en mayo, a través de un decreto presidencial en el que precisó que el organismo ya había cumplido su tarea.
5. La situación de las personas con discapacidad
La denuncia sobre sobornos a través de la Andis se da en el medio de un conflicto en el país en torno a las pensiones que otorga el Estado a las personas con discapacidad, que quedaron en la mira del Ejecutivo por la sospecha oficial de irregularidades en las listas de beneficiarios.
El mismo día en que se filtraron los audios de Spagnuolo, la Cámara de Diputados rechazó un veto de Milei a una ley que buscaba declarar la emergencia en materia de discapacidad para asegurar más apoyos para el sector, algo que reclaman desde hace meses representantes de las personas con discapacidades, sus familiares y acompañantes.
