Lima, 9 abr (EFE).- Cinco presuntos líderes de bandas criminales en la ciudad peruana de Trujillo fueron trasladados este miércoles hacia el penal de máxima seguridad de Challapalca, ubicado a 4.600 metros de altitud en el extremo sur de Perú, informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Los acusados pertenecen a organizaciones criminales de Trujillo, en la costa norte del país, y estuvieron internados en el penal de Lurigancho, en Lima, hasta su traslado a Challapalca como parte de una acción del Gobierno para evitar que estos detenidos pretendan reorganizar sus bandas desde la cárcel.
El viceministro de Justicia, Juan Alcántara, declaró que el Ejecutivo está decidido a derrotar la inseguridad y que está luchando «frontalmente contra la delincuencia».
«Por disposición de la presidenta (Dina Boluarte) y por las indicaciones del ministro (de Justicia), Eduardo Arana, todas las personas que incurran en delitos graves irán a Challapalca, estas acciones van a continuar permanentemente», señaló a los periodistas convocados al traslado de los presos.
Alcántara agregó que el Gobierno se encuentra en una campaña de construcción de cárceles en el país, ante el déficit de instalaciones carcelarias, y que tiene en proyecto un penal para 16.000 internos y otro de máxima seguridad para 10.000 internos.
A su turno, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, informó que Challapalca tiene una capacidad para 220 internos y que actualmente tiene 180 reos.
Insistió en que «aquellos que cometieron actos de extrema crueldad y quienes quieren reorganizarse, no lo permitiremos, serán trasladados a ese penal».
Llaque rechazó la teoría de que la mayoría de delitos en las calles se organicen desde los penales porque en las requisas que han realizado en las últimas horas en los centros de detención como el de Lurigancho, el más poblado del país, no han encontrado armas ni teléfonos móviles, solo drogas.
«La droga ingresa de manera subrepticia, en las cavidades de los visitantes, y los penales no tienen la tecnología que se necesita» para detectarla, a pesar de las revisiones en puerta, indicó el presidente del INPE.
A raíz de la ola de violencia criminal en Lima y el Callao, el Ejecutivo ha declarado el estado de emergencia en la capital para combatir delitos como la extorsión y el sicariato con el apoyo de las fuerzas armadas, pero esos casos siguen produciéndose, principalmente contra las empresas de transporte público, que han convocado a un nuevo paro este jueves.
