Bogotá, 12 jun (EFE).- En un nuevo intento por reformar el sistema laboral colombiano, el presidente Gustavo Petro firmó un decreto que llama a una consulta popular el próximo 7 de agosto, desafiando el rechazo previo del Congreso y provocando una tensión institucional sin precedentes, cuando el tiempo para salvar sus reformas empieza a agotarse.
Estas son las claves del polémico ‘decretazo’:
1. La tercera carta
Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, asumió el poder el 7 de agosto de 2022 con grandes ambiciones de cambio. Pero la mayoría de sus reformas han quedado estancadas por falta de consensos, como la laboral, que busca mejorar los derechos de los trabajadores e incluir a sectores tradicionalmente excluidos, como el campo.
La iniciativa fue hundida en marzo en una comisión del Senado y, en un intento para reflotarla, Petro propuso una consulta popular para llevar 12 preguntas a las urnas sobre su reforma laboral.
Sin embargo, el Senado volvió a cerrarle la puerta el 14 de mayo en una votación muy ajustada (49 contra 47) que duró menos de tres minutos y se hizo manual y sin leer las preguntas. El presidente la calificó como «fraude» y acusó a los legisladores de «hacer trampa».
La tercera carta de Petro fue el ‘decretazo’, que ya venía anunciando desde hacía semanas, pese a las advertencias de juristas y actores políticos sobre su falta de sustento legal, y las amenazas de llevarlo a los tribunales.
2. ¿Qué dice el decreto?
El Decreto 639 es una defensa jurídica, política y filosófica del derecho del pueblo colombiano a pronunciarse directamente sobre las reformas sociales propuestas por el Gobierno.
A lo largo de 26 de sus 32 páginas, el documento alega que el Congreso bloqueó este derecho mediante un procedimiento viciado, con graves fallas como alterar un voto y cerrar anticipadamente la votación sin permitir la participación de todos los senadores.
Ante estas supuestas anomalías, el Gobierno considera inválida la decisión del Senado y aplica la «excepción de inconstitucionalidad», que permite al presidente no acatar actos que contradigan la Constitución.
El decreto plantea que la convocatoria a la consulta popular es un deber constitucional de Petro para proteger la democracia, resolver el conflicto entre los dos poderes, y dar cumplimiento al mandato popular expresado en las elecciones de 2022.
Antes de la firma, Petro advirtió a su gabinete que quien no respaldara el decreto sería removido del cargo. El documento fue firmado por los 18 ministerios, pero en cuatro casos —Relaciones Exteriores, Justicia, Minas y Ambiente— no lo hicieron los ministros titulares por diversas razones, sino viceministros o encargados.
3. Las 12 preguntas
El texto incluye las 12 preguntas que los colombianos podrán responder con un «Sí» o un «No» en las urnas, sin modificaciones frente a la versión presentada por el presidente ante el Senado.
Las preguntas proponen que el horario diurno sea de 6:00 am a 6:00 pm; aplicar un recargo del 100 % al trabajo en domingos y festivos, y permitir que las mipymes accedan a préstamos con tasas preferenciales e incentivos financieros.
También plantean otorgar permisos laborales para asistir a citas médicas y licencias por menstruaciones incapacitantes; exigir que las empresas contraten al menos dos personas con discapacidad por cada cien trabajadores; que el contrato de aprendizaje tenga carácter laboral; y que los trabajadores de plataformas de reparto puedan acordar su tipo de contrato y reciban seguridad social.
Las demás preguntas proponen establecer un régimen laboral especial para el campo; eliminar la tercerización mediante contratos sindicales; formalizar y asegurar a trabajadoras domésticas, madres comunitarias y otros informales; promover el contrato a término indefinido como regla general y crear un fondo especial para otorgar un bono pensional a los campesinos.
4. ¿Y ahora qué sigue?
Tal como lo anunció Petro, el decreto ahora pasará a revisión de la Corte Constitucional, que deberá decidir si es procedente o no. Para expertos juristas, no hay mucha discusión: el presidente no puede convocar una consulta por su cuenta, ya que esa es competencia del Senado.
Opositores del Gobierno, e incluso antiguos aliados, lo han acusado de romper el orden institucional y de intentar un «autogolpe».
La incógnita es si la Corte se pronunciará antes o después del 7 de agosto, día de la consulta y del inicio de la cuenta atrás para el último año de su mandato. Al menos dos sentencias indican que ese control se haría después.
Otra vía para frenar el decreto es el Consejo de Estado, la máxima autoridad en temas administrativos, donde ya han empezado a llegar las primeras demandas contra el decreto, y se esperan muchas más.
Finalmente, el balón también está en la Registraduría Nacional, entidad que organiza las elecciones y que, según juristas, deberá decidir si sigue adelante con la convocatoria del presidente o si, por el contrario, espera a que se pronuncien la Corte y el Consejo de Estado.
