Madrid, 30 sep (EFE).- La figura del coordinador o coordinadora de bienestar es obligatoria en todos los colegios desde hace tres años pero no se aplica igual en todos los territorios; expertos en Educación y organizaciones de Infancia piden más formación, experiencia y una ley que marque unos mínimos para proteger al alumnado.
Se trataría de un marco común que asegure la aplicación de esta figura en todos los centros, independientemente de su titularidad y de sus etapas educativas, y sobre todo en las escuelas infantiles de 0 a 3 años, un tramo especialmente vulnerable.
Así lo señala en el informe ‘Estándares mínimos para el ejercicio de la función de coordinación de bienestar y protección en los centros educativos’, elaborado por la ONG Educo, la Universidad de Comillas, British Council, Unicef y Plataforma de Infancia que propone cómo debería ser esta figura o qué horas de formación tendría que tener.
Y es que los centros educativos afrontan casos de muy distinta índole relacionados con el bienestar y la protección del alumnado, desde violencia en el ámbito familiar, maltrato, desatención, abuso o acoso hasta conductas suicidas y autolíticas o trastornos psicológicos.
La principal conclusión del estudio es que esta figura no debe ser una «mera formalidad administrativa» sino que debe calar en todos los centros y suponer una transformación estructural en el sistema educativo, garantizando recursos y formación adecuada.
Para ello piden una ley que establezca unas condiciones mínimas estatales y que sea vinculante en todo el territorio ya que avisan de que la ley de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) ha generado dudas sobre la implementación del coordinador de bienestar e «inconsistencias».
Formación específica y básica para todos
Entre sus recomendaciones ven prioritario que el coordinador o coordinadora de bienestar tenga una formación específica, adaptada a cada etapa educativa, además de experiencia en el centro de al menos dos años.
Los equipos directivos de todos los centros educativos deberían recibir una formación específica de al menos 10 horas sobre bienestar y protección de la infancia cada tres cursos escolares al tiempo que abogan por otros niveles de formación más amplios.
Así, los centros educativos con menores problemas y tamaño deberían contar con un coordinador de bienestar que haya completado únicamente la formación básica y para el resto de centros se establecería una formación superior que consistiría en una microcredencial universitaria de postgrado de al menos 20 créditos ECTS, cuyo coste estiman en 600 euros, y que debería sufragar la administración.
El informe también ve fundamental la adquisición de competencias digitales, básicas y avanzadas (según personal del centro) para proteger a la infancia de estos entornos.
Marco único en sus funciones e implementación
La designación de esta figura debería ser libremente aceptada por la persona que la ejerza y la dedicación debería regularse para ser homogénea en todos los territorios.
El coordinador o coordinadora de bienestar y protección debería estar presente en las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica y la norma estatal debería incluir un sistema de rendición de cuentas e incidir en las funciones a realizar.
Entre ellas la de diligencia debida que tiene el docente en la identificación y notificación de situaciones de riesgo y que debería trasladarse a la Fiscalía de Menores.
Contar con una Guía Escolar de Bienestar y Protección de la Infancia que recopile procedimientos, programas, recursos y directrices para abordar situaciones que requieren estrategias de actuación específicas también sería fundamental.
«Dotar a esta figura de los conocimientos y recursos necesarios no es solo una obligación legal, sino una garantía para la construcción de entornos escolares verdaderamente seguros y protectores», recalcan los expertos.
