Los Ángeles (EE.UU.), 17 jun (EFE).- Un tribunal de apelaciones escuchará este martes los argumentos del Gobierno del presidente Donald Trump para mantener el control sobre la Guardia Nacional de California, en un hecho que no ocurría hace más de 60 años y ha puesto en el foco público la soberanía de los estados y la militarización del país.
Trump ordenó el despliegue de soldados de la Guardia Nacional después de que estallaran en Los Ángeles protestas contra las redadas migratorias el 6 de junio.
Esta polémica decisión ha reavivado el debate sobre el uso de tropas federales en manifestaciones civiles y el alcance del poder presidencial fuera de situaciones de insurrección.
El despliegue se realizó sin la autorización del gobernador de California, Gavin Newsom, quien demandó al Ejecutivo estadounidense alegando que la orden de Trump fue «ilegal».
Además, calificó el despliegue de tropas como parte de una «guerra calculada» cuyo verdadero objetivo sería concentrar el poder en la Casa Blanca, más allá de simplemente contener las protestas tras las redadas migratorias.
¿Qué es la Guardia Nacional?
La Guardia Nacional es una fuerza militar de reserva compuesta por voluntarios que no sirven a tiempo completo y mantienen ocupaciones civiles cuando no han sido convocados.
Cada estado y territorio de EE.UU. tiene su propia Guardia Nacional, bajo las órdenes de la Gobernación de los estados. Sin embargo, también puede ser desplegada por el presidente de EE.UU. en circunstancias especiales.
La decisión de Trump de enviar a las tropas californianas a Los Ángeles supuso la primera vez desde 1965, que un presidente no contaba con la anuencia de un gobernador para movilizar estos soldados que, en tiempos normales, responden a emergencias locales como desastres naturales, disturbios civiles o crisis sanitarias.
¿En qué se diferencia del Ejército?
La diferencia clave entre la Guardia Nacional y el Ejército de EE.UU. radica en su estructura de mando y función principal.
Mientras que la Guardia Nacional es una fuerza de reserva, el Ejército, es una fuerza militar permanente cuyas funciones son de defensa nacional e intervenciones militares en el extranjero, bajo la autoridad del presidente de EE.UU. como Comandante en Jefe.
Sus soldados no llevan una vida civil activa, ya que son de tiempo completo.
¿Y el Título 10?
Trump echó mano del Título 10 para desplegar en Los Ángeles a 4.000 soldados de la Guardia Nacional de California, a pesar de la oposición de Newsom. La medida le permite al Departamento de Defensa tomar el control directo de las tropas estatales.
En ese estado, sus miembros ya no responden al gobernador, sino que actúan como parte del Ejército estadounidense, pudiendo ser desplegados en misiones nacionales o internacionales, igual que las fuerzas armadas regulares.
Esta activación suele ocurrir en casos de guerra, emergencias nacionales o por orden ejecutiva, como sucedió en el caso de Los Ángeles.
¿Qué dice la Ley Posse Comitatus?
Los soldados desplegados bajo el Título 10, a diferencia de aquellos activados bajo el Título 32 por orden del gobernador, están sujetos a la Ley Posse Comitatus de 1878.
Esta ley prohíbe al Ejército y a la Fuerza Aérea, y, por extensión a la Marina y a los Marines, participar directamente en actividades de aplicación de la ley dentro del territorio nacional, como arrestos, redadas o investigaciones criminales, salvo que exista una autorización expresa del Congreso de EE.UU.
Es por ello que la única función de las tropas desplegadas la última semana en Los Ángeles ha sido defender a funcionarios y edificios federales durante las protestas y las redadas, lo que se ha convertido en un reto para las autoridades locales.
Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, han asegurado que la presencia de las tropas no solo ha sido innecesaria, sino que ha entorpecido el trabajo de la policía, que han tenido que proteger a los soldados mientras intentan contener las manifestaciones.
¿La Ley de Insurrección, otra opción?
Una de las medidas que Trump ha asegurado que tomaría en caso necesario es invocar la Ley de Insurrección para disolver militarmente las protestas.
Esta ley, promulgada en 1807, otorga al presidente la facultad de desplegar al Ejército para reprimir episodios de desorden civil, y se considera uno de los poderes de emergencia más contundentes en el país.
Si esto llegara a ocurrir, los 4.700 efectivos militares desplegados en la ciudad podrían actuar directamente contra los manifestantes, con autoridad para arrestar y dispersar a quienes participen en las protestas, lo que representaría una escalada significativa en la respuesta federal.
Mónica Ruvalcaba
