Quito, 3 jun (EFE).- La deuda del Gobierno de Ecuador con las clínicas y hospitales privados de Ecuador llegó hace aproximadamente un año hasta los 550 millones de dólares por servicios especializados y de alta complejidad prestados al sistema público de salud, una situación que el sector quiere evitar que se repita con la propuesta al jefe de Estado, Daniel Noboa, de establecer un espacio fiscal para salud, que permita asegurar la sostenibilidad de la sanidad pública.
«Creemos que este problema tiene que resolverse en la coyuntura. El Estado tiene que pagar y atender a la gente que está enferma, pero también es necesario que comience a priorizar toda el área de prevención de la enfermedad y promoción de la salud para que haya menos enfermos», comentó en una entrevista con EFE la directora ejecutiva de la Asociación de Clínica y Hospitales Privados del Ecuador (ACHPE), Ana Delgado.
«Nosotros queremos ir un poco más allá y, con humildad, profesionalidad y seriedad, plantearle (a Noboa) que cree un espacio fiscal para el sector de la salud», apuntó la líder gremial del sector privado de salud de Ecuador.
Delgado aseveró que «el presupuesto público para salud tiene que ser sostenible, suficiente y fiscalmente responsable», y para ello ven a la administración de Noboa «en condiciones de identificar fuentes de financiamiento, que es lo que no se hizo en año anteriores».
Entre las distintas formas de lograr financiación mencionó la reasignación de presupuestos, «siempre y cuando no afecte a otro sector prioritario», la eficiencia en el gasto público y la recaudación tributaria».
Crisis de liquidez
La directora de la ACHPE señaló que ven con esperanza que se pueda avanzar en ese camino tras la reelección de Noboa como presidente hasta 2029 y los pagos realizados por las entidades estatales de salud en los primeros meses de 2025, incluso a través de bonos en el caso del Ministerio de Salud Pública.
«El problema de la deuda ha ocasionado en nuestras instituciones un grave problema de liquidez y la liquidez no solo se ha concentrado en los establecimientos, sino que se ha contaminado toda la cadena de valor del sector», señaló Delgado respecto a un problema de impagos cuyas consecuencias también han recaído en sus proveedores.
Si bien algunos valores están pendientes de pago desde 2013 por observaciones presentadas en las auditorías que realizan las instituciones de salud, el grueso de la deuda estatal se acumuló a partir de 2023.
Entre los más afectados están las clínicas y centros de diálisis, donde la totalidad de los pacientes proceden de la sanidad pública, desde que en 2008 se declarase a la insuficiencia renal como una enfermedad catastrófica en Ecuador y su atención quedase con una cobertura total del Estado, con el objetivo de ampliar la universalización de la salud.
Centros de diálisis, los más afectados
«Como red complementaria jugamos un papel muy importante en el sistema nacional de salud», recordó Delgado, que puso como ejemplo a las clínicas y centros privados de diálisis en Ecuador, los más afectados dentro de esta situación al tratar únicamente a pacientes derivados de la sanidad pública.
En total son cerca de 20.000 pacientes que necesitan tres sesiones a la semana de cuatro horas cada una, pero las entidades públicas apenas pueden atender a unos 2.300, mientras que los restantes deben ser atendidos en centros privados, lo que significa el 88 % del total.
«Nuestras instituciones han soportado la atención de los pacientes cuando el Estado no tenía la capacidad de hacerlo. Por eso hemos dicho en muchas oportunidades que el sistema nacional de salud no es sostenible, porque el Estado no puede garantizar la atención, peor hablar de acceso universal a la salud», enfatizó Delgado.
Los pacientes, «los grandes perdedores»
La economista reconoció que, producto de las deudas acumuladas, algunas clínicas u hospitales comenzaron a reducir su atención y, en determinados casos, optaron por no renovar los convenios con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Ministerio de Salud Pública para aceptar a pacientes derivados, a no ser que sea una emergencia.
«Eso implica despedir personal, un problema social. Las colas de pacientes esperando por turno… porque los grandes perdedores en este tema son los pacientes. Sus cirugías, diagnósticos y su atención se prorrogan. Les dan citas hasta para seis meses», describió Delgado.
«Ese es el principal problema, porque la red pública, tal y como lo determinaron las autoridades en el Gobierno del expresidente (Rafael) Correa (2007-2017) no tiene recursos suficientes para atender la demanda de la población», concluyó.
