Caracas, 15 jun (EFE).- El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela pidió este domingo la liberación de Carlos Julio Rojas, activista político y periodista, quien fue detenido en abril del año pasado y acusado de estar supuestamente vinculado con un plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro.
A través de X, la gremial aseguró que Rojas está preso en El Helicoide, la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), por «alzar su voz en defensa de los derechos ciudadanos».
Con Rojas, el CNP contabiliza 16 periodistas arrestados en Venezuela, la mayoría detenidos tras las presidenciales de 2024, cuando se desató una crisis por la denuncia de fraude en el resultado que adjudicó la reelección a Maduro.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó recientemente que Rojas «enfrenta un preocupante deterioro en su estado de salud», según -dijo- denunció su madre.
«La madre del comunicador alertó que Carlos Julio presenta problemas de tensión arterial y que las condiciones de su reclusión se mantienen en un entorno de absoluta opacidad», indicó la ONG en X.
En mayo, el abogado y defensor de derechos humanos Alberto Maimone indicó que Rojas «no ha tenido derecho a la defensa privada» ni «se le ha garantizado un abogado de confianza».
Rojas fue detenido el 15 de abril del año pasado y es acusado, según el fiscal general, Tarek William Saab, de los presuntos delitos de asociación, terrorismo, conspiración, instigación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa.
Las autoridades indican que el periodista estuvo supuestamente vinculado a un plan para asesinar a Maduro durante el acto de inscripción de su candidatura, en marzo de 2024, para las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado.
Un conteo de la organización Foro Penal cifra en 926 los presos políticos en Venezuela, la mayoría de ellos arrestados tras las presidenciales.
Tanto Maduro como Saab niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que aseguran cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.
