Colombia celebra el fallo de la CorteIDH que reconoce el derecho a un clima sano

Fotografía de archivo, tomada el pasado 10 de marzo, de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Lena Estrada Añozaki, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas

Bogotá, 4 jul (EFE).- El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia celebró este viernes como un «hito global» la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que reconoce por primera vez el derecho humano a un clima sano y la obligación de los Estados a actuar frente a la crisis climática.

«Una decisión histórica para el planeta y los derechos humanos», señaló el ministerio en una publicación en su cuenta de X.

La cartera ambiental colombiana destacó que la decisión tomada en una opinión consultiva de la Corte, solicitada en enero de 2023 por Colombia y Chile, establece obligaciones claras para mitigar las emisiones, regular a los privados y proteger a las personas más vulnerables.

«En virtud del derecho al clima sano, los Estados deben proteger el sistema climático global y prevenir violaciones de derechos humanos derivadas de su alteración», explicó el tribunal internacional en su decisión, difundida ayer en San José (Costa Rica).

Los jueces establecieron obligaciones para los Estados en el marco de la emergencia climática, como lo son garantizar la participación política de la gente en temas climáticos; el acceso a la justicia en la materia; el derecho a defender los derechos humanos; el de acceso a la información climática; y el reconocimiento de los saberes indígenas, tradicionales y locales.

La ministra colombiana de Ambiente, Lena Estrada, afirmó que este fallo «confirma lo que los pueblos indígenas han dicho por siglos: no hay derechos humanos sin Madre Tierra».

«No es solo un avance legal, es una reafirmación de la vida», añadió la funcionaria en declaraciones reproducidas por la cartera ambiental.

El ministerio destacó además que la decisión refuerza las prioridades del Gobierno colombiano, como la justicia ambiental, la protección de los defensores del ambiente, el reconocimiento de saberes de pueblos ancestrales y la participación efectiva de las comunidades.