Bogotá, 15 ago (EFE).- El Gobierno colombiano pidió este viernes a la Fiscalía comenzar el trámite para extraditar de Nicaragua a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), involucrado en el mayor escándalo de corrupción del ejecutivo de Gustavo Petro.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, «ha solicitado formalmente a la Fiscalía General de la Nación, iniciar los trámites de extradición del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Carlos Ramón González desde Nicaragua», señaló el Ministerio en un comunicado.
«El pedido de extradición se fundamenta en el Tratado vigente entre Colombia y Nicaragua, suscrito en Managua el 25 de marzo de 1929. El Gobierno colombiano ha expresado su interés en que se cumplan las decisiones judiciales, especialmente en casos relacionados con corrupción, respetando las garantías procesales y la presunción de inocencia», añade el texto.
Igualmente, el Ministerio de Justicia afirmó que tanto esa cartera como la de Relaciones Exteriores «estarán listos para colaborar en el proceso, una vez que la autoridad judicial competente remita la documentación pertinente».
El informativo Noticias RCN difundió en la víspera una imagen de la cédula de residencia nicaragüense de González, exjefe del partido Alianza Verde, y también una carta de la embajada colombiana al Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano en la que pide ayuda para «solicitar la carta de renovación de residencia» del exfuncionario.
Petro y la excanciller Laura Sarabia negaron que el Ejecutivo hubiera solicitado «algún tipo de privilegio» para González, quien dirigió el Dapre y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) antes de que se revelara su participación en el mayor escándalo de corrupción de este Gobierno.
A pesar de la divulgación de la carta de la embajada a la Cancillería nicaragüense, en la que intercede por González, el presidente ha intentado desmarcar a su Gobierno de cualquier responsabilidad e incluso pidió «a los medios aclarar su noticia», que consideró «falsa».
González, de 66 años, tiene una orden de captura vigente desde el pasado 3 de julio por su presunta participación en el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para pagar coimas a congresistas a cambio de apoyo legislativo.
Según la Fiscalía, que lo imputó por los delitos de cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos, parte del dinero usado en el ilícito provenía de un contrato para la compra de cuarenta carrotanques destinados a abastecer de agua al desértico departamento de La Guajira (norte).
Militante del partido Alianza Verde y excompañero de Petro en la guerrilla del M-19, González supuestamente ordenó los pagos ilícitos a través de la exconsejera Presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, según el testimonio de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD .
«El Ministerio de Justicia y del Derecho reitera su compromiso con la lucha contra la corrupción y la impunidad, y trabajará para garantizar que se haga justicia en este caso», agregó la información. EFE
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