Bogotá, 10 jun (EFE).- Cerca de 60 personas fueron víctimas de violencia político-electoral en Colombia en los últimos tres meses, según un informe publicado este martes por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), que alertó de la escalada de violencia tras el atentado del sábado contra el senador Miguel Uribe Turbay.
La fundación reportó un total de 57 víctimas de violencia político-electoral entre el 8 de marzo y el 8 de junio de 2025 y destacó el ataque contra Uribe Turbay y cuatro homicidios de actores políticos como «los hechos más graves» ocurridos en este periodo.
El aspirante presidencial Uribe Turbay, de 39 años, resultó gravemente herido el sábado pasado tras recibir varios disparos durante un acto de campaña en Bogotá, unos hechos cometidos por un menor de 15 años que evocaron los oscuros años 90, cuando varios candidatos presidenciales fueron asesinados.
«El reciente atentado al precandidato presidencial, Miguel Uribe, marca el escalamiento de dicha violencia de cara a las elecciones de 2026, y la incapacidad de tramitar las diferencias ideológicas a través de mecanismos democráticos y garantes de los derechos políticos», alertó la fundación.
Pares subrayó el homicidio cometido contra un miembro del Partido Colombia Humana en el municipio de Miranda, en el departamento del Cauca (suroccidente). Se trata de Luis Alberto Peña, quien fue baleado mientras realizaba un perifoneo convocando a la ciudadanía a movilizarse en el día del trabajador, el pasado 1 de mayo.
En ese mismo periodo también fueron asesinados dos exconcejales: Wilmer Yair López Santander, que ejerció en la localidad de Orito, en Putumayo (suroeste), y Hemerson Reine Pérez, del municipio de Puerto Wilches, en Santander (centro).
El último homicidio registrado fue el de un personero municipal de Entrerríos, en Antioquia (centro), de nombre Federico Hull Marín.
Pares explicó que entre el 25 % y el 35 % de los responsables de este tipo de agresiones corresponde a grupos armados organizados y lamentó que esta violencia se utilice como «un mecanismo más de competencia electoral en general, cuyos perpetradores se han mantenido en las sombras».
La organización, que trabaja desde 2014 y ha investigado hechos de corrupción relacionados con el fenómeno de la «parapolítica» como ‘El Cartel de la Toga’ o el escándalo de Odebrecht, aseguró que continuará dando seguimiento a la violencia contra actores políticos en Colombia hasta el final de la contienda electoral en junio de 2026.
