Quito, 13 sep (EFE).- Gremios de comerciantes e industriales de Ecuador respaldaron la decisión gubernamental de eliminar el subsidio al diésel, una medida que supondría un ahorro en el gasto estatal de 1.100 millones de dólares, según cálculos oficiales.
Al anunciar el viernes la eliminación del subsidio, el Gobierno, liderado por el empresario Daniel Noboa, indicó que el dinero que se destinaba a ello se usará ahora en medidas de protección social y subvenciones para incentivar la producción nacional.
La eliminación del subsidio al diésel implica un incremento en el precio de este combustible de 1,80 dólares por galón (3,78 litros) a 2,80 dólares en las estaciones de servicio.
La Cámara de Industrias y Producción (CIP) respaldó la decisión de reorientar los subsidios de combustibles hacia las familias más vulnerables y consideró «clave para mantener la estabilidad del servicio y la competitividad» el anuncio oficial de mecanismo de compensación al transporte.
«La reforma también debe estar acompañada de mayor inversión en seguridad, salud y educación, así como mayor eficiencia en las empresas públicas, apertura de los sectores estratégicos a la iniciativa privada, transición energética, mejoramiento de la calidad de combustibles y corrección del gasto público», subrayó.
Recordó que en 2024, los subsidios alcanzaron 3.000 millones de dólares, de los cuales 1.150 millones correspondieron al diésel.
«Sin embargo -dijo- apenas el 10 % de este esfuerzo fiscal beneficia a quienes más lo necesitan. Además, fomentan el contrabando, el robo interno de combustibles con perjuicios por sobre los 200 millones de dólares y financian grupos de delincuencia organizada».
Para la Cámara de Comercio de Quito se trató de una medida «acertada» y necesaria para fortalecer la estabilidad económica y sentar bases de desarrollo sostenible.
La Cámara de Comercio de Cuenca, que señala que la medida fortalece la sostenibilidad fiscal y la competitividad del país, expresó su confianza en que ésta permitirá redirigir recursos hacia áreas prioritarias como educación, salud, infraestructura y seguridad, «esenciales para el desarrollo integral del Ecuador».
Para la Cámara de Industrias de Guayaquil, la decisión es «un paso importante para ordenar las finanzas públicas y al mismo tiempo fortalecer la competitividad del aparato productivo del país».
Y apuntó que mantener los subsidios había generado «distorsiones en el mercado, fomentado prácticas informales y limitado el desarrollo de sectores estratégicos».
Consideró que la medida permitirá construir un entorno económico más transparente, reducir riesgos fiscales y dar mayor certidumbre a la inversión privada.
Además, «abre la oportunidad de implementar mecanismos que faciliten el acceso a combustibles de mejor calidad y en condiciones competitivas, impulsando la productividad de la industria», indicó.
«Nuevo paquetazo»
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país, calificó de un «nuevo paquetazo» de Noboa la eliminación del subsidio al diésel y advirtió que «el Gobierno está llevando al límite la paciencia popular».
La Conaie, que en 2019 y 2022 lideró los estallidos sociales contra los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guilermo Lasso (2021-2023) que les obligaron a recular ante medidas similares de eliminar los subsidios los combustibles, apuntó que «Noboa repite la fracasada receta que provocó paros y trasladó la crisis al pueblo».
El año pasado Noboa ya eliminó el subsidio a las gasolinas Extra y Eco País, las de mayor consumo, que actualmente registran precios similares a los valores internacionales, tras haberlos igualado progresivamente luego de su descongelamiento.
Estas medidas se enmarcan dentro de los planes económicos de Noboa se reducir el déficit estatal, que alcanzó casi el 5 % del producto interior bruto (PIB) cuando llegó al poder en 2023, y cumplir las metas del programa crediticio del Fondo Monetario Internacional (FMI), que asciende a 5.000 millones de dólares en un periodo de cuatro años (2024-2028).
La eliminación de los subsidios de los combustibles se suma a los recortes dentro de la administración estatal como la reducción del Gobierno de 20 a 14 ministerios y el anuncio del despido de 5.000 funcionarios.
