Madrid, 11 feb (EFE).- Los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina se sientan desde este martes en el banquillo acusados de estafar al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de material sanitario en marzo de 2020, en la pandemia, embolsándose una comisión de 6 millones.
La sesión se centrará en dos testimonios sobre cómo llegó Medina a contactar con el consistorio para enviar su oferta.
Esta martes da comienzo en la sección séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, presidida por la magistrada Ángela Acevedo, un juicio para el que se han programado siete sesiones a lo largo de tres semanas.
Los dos acusados han solicitado declarar al final y está previsto que lo hagan el día 25.
Así, la primera sesión, además de dirimir las cuestiones previas, se centrará en dos testimonios para conocer cómo contactó Luis Medina, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, con el Ayuntamiento para ofrecer el material sanitario: primero una exprofesora de Medina amiga del primo del alcalde de Madrid y luego la mano derecha del regidor.
La primera testigo es María Díaz de la Cebosa, exprofesora de Luis Medina en la universidad americana CIS y a la que éste llamó en marzo de 2020 para pedirle un contacto del Ayuntamiento o de la Comunidad de Madrid para poder tener acceso a la persona que gestionara los contratos de emergencia en ese inicio de la pandemia.
Así lo explicó Cebosa cuando declaró también como testigo ante el juez de instrucción, añadiendo que ella le dio el teléfono del primo del alcalde, Carlos Martínez-Almeida, tras consultar a éste si podía hacerlo, y sin especificarle que se trataba de Luis Medina, según informaron en su día fuentes jurídicas.
Carlos Martínez-Almeida (quien testificará otro día) llamó a una amiga suya, la coordinadora general del Ayuntamiento y considerada mano derecha del alcalde, Matilde García, para preguntarle cómo podía Medina contactar con el consistorio.
La segunda testigo de este martes es Matilde García, quien declaró ante el magistrado que su papel se limitó a ofrecer un correo genérico del consistorio, sin que en ningún momento informara al alcalde José Luís Martínez-Almeida sobre esta gestión.
En concreto, la coordinadora general del consistorio dijo al juez que ella dio al primo del alcalde “una dirección de correo genérica y pública del Ayuntamiento de Madrid (cgalcaldia@madrid.es)”, y que Medina escribió a ese correo, que luego fue derivado al de Elena Collado, responsable de compras en aquel momento y quien finalmente cerró los contratos.
García negó tajantemente haber dado ninguna orden o indicación en relación con los contratos investigados, aunque sí reconoció que llamó a Luis Medina para saber si había más material que pudiera servir, y si se pactaba alguna donación.
Poco después recibió un correo de la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos, Elena Collado, en el que ésta ratificaba que los empresarios Luceño y Medina renunciaban a las comisiones y que “había que darles una medalla”, ha relatado la letrada de la citada acusación popular.
En el juicio Luceño se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 15 años de cárcel por presuntos delitos de estafa agravada, falsedad documental y otro agravado contra Hacienda; y Luis Medina afrontará una solicitud de 9 años de prisión por los dos primeros delitos.
