Lima, 18 jun (EFE).- Un informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú recomendó este miércoles al Parlamento que evalúe la posibilidad de plantear la vacancia (destitución) de la presidenta Dina Boluarte por considerar que se ausentó del cargo cuando se sometió a una cirugía estética en junio de 2023.
El informe fue aprobado con 9 votos a favor y 3 abstenciones de los integrantes de la comisión y ahora será remitido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
De acuerdo con el documento, existe «un alto grado de certeza» de que Boluarte se sometió a una intervención quirúrgica «de carácter estético y funcional», que aparentemente llevó a que se ausente del cargo del 28 de junio al 4 de julio de 2023.
«En este contexto, se ha visto comprometida la continuidad del mando presidencial, la capacidad de toma de decisiones en tiempo real, la atención de emergencias nacionales y la conducción general de la política del Estado», sostuvo.
Por ese motivo, recomendó que se evalúe si se plantea una solicitud de vacancia por «incapacidad moral», ya que Boluarte no informó al Legislativo sobre la cirugía a la que se sometió.
Además de remitir el informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también se recomendó el envió de copias a la Fiscalía de la Nación (general).
La semana pasada, tras conocerse las conclusiones del informe, el abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, lo calificó de «ridículo» y dijo que plantea una «decisión irresponsable» al ofrecer, en su opinión, conclusiones sin ninguna evidencia.
La Comisión de Fiscalización del Congreso también presentó el pasado 6 junio otro informe que concluyó que Boluarte pudo haber cometido cuatro delitos vinculados con la fuga del político Vladimir Cerrón, líder del partido marxista en el que la gobernante militó hasta 2022 y que es procesado por la justicia peruana.
El presidente del grupo de trabajo legislativo, Juan Burgos, declaró en ese momento que también se podría presentar «una moción de vacancia» contra la mandataria.
Sin embargo, el pleno del Congreso ha rechazado varias peticiones de Burgos para que su grupo de trabajo reciba la condición de comisión investigadora formal, lo que dificulta que estas conclusiones lleven a decisiones concretas del Legislativo.
