Tegucigalpa, 6 jun (EFE).- La titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), Blanca Izaguirre, anunció este viernes que presentará en los próximos días una solicitud de medidas cautelares colectivas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a las condiciones de detención que enfrentan las reclusos en el país.
Según un comunicado emitido por la institución, la solicitud se fundamenta en las «condiciones de detención en las que se encuentran los privados de libertad, así como las irregularidades en los traslados» de reclusos a otras cárceles.
«Actualmente, muchas personas privadas de libertad se encuentran hacinadas, aisladas de sus familiares y lejos de los jueces de ejecución, quienes son responsables de velar por la correcta aplicación de las penas», subrayó.
Izaguirre manifestó su profunda preocupación por las «múltiples y abiertas amenazas» de reubicar a privados de libertad en circunstancias que podrían «atentar contra su vida o impliquen tratos crueles, inhumanos y degradantes».
También, cuestionó las «condiciones inhumanas» bajo las cuales se están llevando a cabo los traslados de reclusos y señaló que, si bien se menciona un enfoque de derechos humanos en su ejecución, este no se ve reflejado en la práctica.
La comisionada también denunció que autoridades estatales con investidura militar han promovido «mensajes de descrédito» contra el Conadeh, con el aparente propósito de «intimidar y deslegitimar» la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad.
En ese sentido, señaló directamente al presidente de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, general Ramiro Muñoz, a quien responsabilizó de liderar una “campaña mediática ofensiva” contra su institución y contra el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (CONAPREV).
Dicho ataque, según Izaguirre, responde al rechazo público expresado por ambas entidades frente al Plan de Clasificación de Centros Penitenciarios y el traslado masivo de reclusos, los cuales, afirman, han derivado en «múltiples violaciones a los derechos humanos».
Esta campaña busca «dañar la imagen» de instituciones cuyo mandato se fundamenta en la «promoción y protección de los derechos humanos de todas y todos los hondureños, sin distinción alguna» e intenta «desacreditar nuestra labor, aduciendo que la misma es en el marco de intereses particulares e insinuando una supuesta vinculación con el crimen organizado, maras y pandillas», sostuvo Izaguirre.
La titular del Conadeh instó al Instituto Nacional Penitenciario a respetar el mandato constitucional de los órganos de derechos humanos y a abstenerse de propagar mensajes infundados que siembren desconfianza en la ciudadanía sobre el trabajo defensorial.
El Conadeh reafirmó que «seguirá protegiendo, defendiendo y velando por la aplicación de la justicia en el Sistema Nacional Penitenciario» y que continuará «firme en la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad y de sus familias».
