Caracas, 11 ago (EFE).- Comités de derechos humanos identificados con el chavismo exigieron este lunes la liberación de la activista Martha Grajales, quien fue detenida el viernes luego de participar en un acto a las afueras de la ONU, en Caracas, en apoyo a los familiares de presos políticos que fueron agredidos cuando hacían una vigilia ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela.
«Sabemos que el proceso de la revolución ha sido bien golpeado y atacado por un imperio genocida, que nos ha saboteado con sus lacayos vende patria, pero nada tienen que ver con ella», dijo en una declaración ante los medios Georgina Castillo, miembro del Comité de Derechos Humanos de la barriada de La Vega, en Caracas.
Castillo, quien habló a nombre de la Organización Caribe y Tagua y el Comité de las Madres Jóvenes Detenidas de la Cota 905, pidió a las autoridades estudiar «bien» el caso de su «hermana» Grajales.
«No pretendemos entorpecer proceso investigativo alguno, pero abogamos por su liberación, ya que se encuentra detenida desde el viernes 8 de agosto a las 16.00 de la tarde (20.00 GMT) por unos funcionarios policiales», agregó.
La activista afirmó que Grajales es una defensora de los derechos de los pobres en Venezuela y, por lo tanto, aseguró, «no (se) puede seguir criminalizando la defensa de los derechos humanos».
«Nosotros fuimos víctimas de la banda de delincuentes de la Cota 905, encabezada por el ‘Koki’, en ese proceso, 20 jóvenes que nada tenían que ver con la banda fueron privados de libertad (y) gracias a esta camarada y al Comité Pro Defensa, demostramos la inocencia después de dos años de lucha», recordó.
Más de 800 personas firmaron un documento para exigir la liberación de Grajales, según informó el domingo la ONG SurGentes, que asegura desconocer el paradero de su cofundadora desde su detención el pasado viernes.
Entre los firmantes, subrayó la organización, están el argentino Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz 1980), Michael Löwy (sociólogo y filósofo franco-brasileño), Alba Carosio (feminista venezolana) y Claudia Korol (educadora popular feminista argentina), así como cientos de intelectuales, activistas y defensores de derechos humanos de otros países como España, Colombia y Nicaragua.
Además, indicó, se sumaron organizaciones como las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora (Argentina) y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (Ecuador).
Entretanto, el esposo de Grajales, Antonio González, informó que, junto al abogado Marino Alvarado, de la ONG venezolana Provea, visitó este domingo cinco centros policiales de reclusión en Caracas y en todos, aseguró, «han negado» la presencia de la activista.
En un video publicado por Provea en X, González alertó que la situación de Grajales «sigue siendo de desaparición», por lo que hizo un llamado a las autoridades a que informen sobre el paradero de su esposa y las razones de su detención, que le permitan comunicarse con sus familiares y nombrar a abogados de confianza.
Según Provea, tribunales penales de Venezuela se negaron a recibir el sábado un recurso de habeas corpus para conocer el paradero de la activista, quien fue detenida por presuntos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.
