Quito, 7 may (EFE).- Habitantes de la localidad de Salango, situada en la provincia ecuatoriana de Manabí, exigieron este miércoles justicia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tras “25 años de resistencia” frente a la “privatización” que denuncian en sus playas, un tema que será evaluado por el tribunal internacional en una audiencia en Guatemala el próximo 20 de mayo.
El caso gira en torno a la denuncia de algunos integrantes de esta población costera por una presunta apropiación irregular de sus playas desde el año 2000, cuando, según los denunciantes, una empresa inmobiliaria administrada por un ciudadano suizo despojó a la comunidad de 34,32 hectáreas de su “territorio ancestral”.
De acuerdo con las denuncias de los habitantes, esta situación fue posible gracias a la intervención de distintos actores estatales como la Procuraduría General del Estado (Abogacía General del Estado) y a una interpretación equivocada de la normativa, lo que desencadenó un proceso de resistencia en busca de justicia y reconocimiento, tanto en el ámbito nacional como internacional.
“Diversas entidades públicas, así como funcionarios estatales, interpretaron de manera incorrecta la legislación, al punto de desconocer que la comunidad ancestral de Salango tenía derechos colectivos”, explicó Alejandra Montero, abogada del Centro de Derechos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).
La privatización de estos territorios considerados “ancestrales” por los habitantes restringió el acceso a los recursos naturales que históricamente han sustentado su economía e identidad cultural.
Sabino Pincay, uno de los líderes locales, manifestó que la lucha no busca únicamente la recuperación de las tierras, sino también el reconocimiento de la identidad cultural y los derechos humanos de toda la colectividad, integrada por cerca de 3.500 personas.
“A Salango y a sus comuneros nos han privado de la pesca artesanal, actividad que identificamos como buceo a pulmón y que tiene raíces históricas (…). Salango posee 5.000 años de historia desde las culturas manteña y valdivia”, afirmó Pincay.
Por su parte, Amanda Mosquera, abogada e integrante del equipo jurídico de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), subrayó que “en este proceso se han vulnerado múltiples derechos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Mosquera aseguró que existe una afectación a derechos colectivos, propiedad comunitaria, identidad cultural, autoidentificación, autodeterminación y a la igualdad ante la ley, entre otros.
“La Constitución establece los principios de territorio colectivo, que incluyen su carácter inalienable e indivisible. En este caso, el terreno fue vendido fraudulentamente, violando de forma evidente estos principios”, puntualizó Mosquera.
Otro portavoz de la comunidad, Cirilo Macías, reafirmó la continuidad de “la defensa” por una “causa común que no solo pertenece a Salango, sino que involucra a todos los pueblos y nacionalidades que reclaman respeto a sus derechos constitucionales y al acceso a sus recursos naturales”.
“No solo nos afectó el no poder aprovechar estos recursos para el sustento diario, sino que también supuso una vulneración constitucional al acceso a bienes públicos y frenó el desarrollo de nuestra economía popular y solidaria”, agregó.
En relación con la audiencia del próximo 20 de mayo ante la Corte IDH, Diana León, también del equipo jurídico de Inredh, señaló que entre sus principales objetivos figura obtener una reparación integral por parte del Estado ecuatoriano, la restitución de los “territorios ancestrales de Salango” y la reapertura de los “caminos milenarios” de la comunidad.
