San Salvador, 28 jul (EFE).- Los representantes de la remota comunidad de Santa Marta, en el departamento de Cabañas (norte), y de organizaciones civiles de El Salvador pidieron este lunes que se absuelva en la repetición del juicio a cinco líderes ambientalistas procesados por el supuesto asesinato de una mujer en 1989, en el contexto de la guerra civil (1980-1992).
“Esperamos que el Juzgado de Sentencia de San Vicente actúe apegado a derecho, resuelva en base a la legalidad y haga justicia absolviendo a los activistas ambientales”, dijo en una conferencia de prensa Alfredo Leiva.
Apuntó que «no hay pruebas reales de la existencia de los delitos imputados y mucho menos de la participación de ellos» en el referido asesinato, del también que la Fiscalía General de la República (FGR) únicamente tiene un testigo de referencia.
«Tampoco existe cuerpo del delito y no hay elementos de prueba adicionales que compensen tal ausencia. Por tanto, los ambientalistas son inocentes y deben ser liberados. Condenarlos sería una ilegalidad y una injusticia: la única resolución legal y justa es su absolución”, subrayó.
Lamentó que, a su juicio, este proceso «es una manipulación e instrumentalización de la justicia restaurativa y transicional, ya que se utiliza un supuesto caso de la guerra para perseguir por otros motivos», dado que la comunidad ha señalado que se trata de una persecución por sus acciones contra la minería metálica.
«La Fiscalía revictimiza a la comunidad Santa Marta al criminalizar a sus líderes en vez de investigar las masacres, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército gubernamental y sus grupos paramilitares», agregó el activista.
En 2024, una corte penal dictó en una resolución el sobreseimiento del proceso, pero esta decisión fue revertida por un tribunal de apelaciones, que ordenó un nuevo juicio en otro juzgado y que se espera se desarrolle entre el 29 y 31 de julio.
Los ambientalistas son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, que son procesados desde enero de 2023 y pertenecen a la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES).
También es procesado Fidel Recinos, que no pertenece a la remota comunidad de Santa Marta -de la que son residentes los ambientalistas-, ubicada en el distrito de Victoria, que es reconocida por la lucha de sus pobladores contra la minería metálica.
Además están incluidos en la causa penal Eduardo Sancho, alias Fermán Cienfuegos -uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992 que pusieron fin a la guerra interna- y Arturo Serrano Ascencio.
La Fiscalía General señaló en su momento que «todos los procesados» son excombatientes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los acusó del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, el 22 de agosto de 1989, sin que haya dado mayores detalles del caso, puesto bajo reserva.
