Barcelona, 4 abr (EFE).- Las siete comunidades del PP con las competencias de justicia transferidas han plantado al ministro Félix Bolaños en la reunión que debía celebrarse en Barcelona para abordar la nueva ley de eficiencia judicial, que entró ayer en vigor, al considerar que se trata solo de una foto y no aborda cuestiones esenciales como la financiación.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tenía que presidir este viernes en Barcelona la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia, el órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas con competencias transferidas en esta materia, que finalmente se ha suspendido por falta de quorum tras el plante de las comunidades gobernadas por el PP.
Los consejeros de las siete comunidades gobernadas por el PP han decidido abandonar esta reunión-en el Recinto Modernista de Sant Pau- antes de que comenzara, argumentando que no se había fijado un orden del día con puntos esenciales, como la financiación necesaria para implementar la nueva normativa, por lo que han calificado de “mera foto” y de “paripé” la convocatoria de esta reunión.
Precisamente, antes de la hora fijada para la sectorial, el ministro Bolaños ha informado a los medios de comunicación sobre algunos de los datos económicos que conllevan la implementación de la nueva ley de eficiencia de la justicia.
Bolaños ha afirmado que el Gobierno ha transferido 325 millones de euros a las doce comunidades que tienen competencias en materia de justicia para implementar la nueva ley de eficiencia que entró ayer en vigor, lo que supone una media de un mínimo de 40 millones de euros por cada uno de los doce territorios implicados.
El coste total en 2025 para la aplicación de la nueva norma, incluyendo a las doce comunidades y al Ministerio de Justicia, asciende a unos 15 millones de euros, ha detallado el titular de Justicia.
Una ley para una justicia del siglo XXI
El ministro ha defendido que esta ley, además de acercarnos al modelo europeo dando un “paso de gigante” hacia una justicia del siglo XXI, permite “ahorrar costes”, y ha cifrado en 290 millones de euros el ahorro que supondrá en los próximos diez años su aplicación.
Los consejeros de justicia de las comunidades del PP, que han decidido no participar en la reunión de hoy, han negado haber recibido transferencia alguna del Gobierno, y han vinculado las aportaciones a los fondos europeos y no a la propia ley en sí.
Las siete comunidades autónomas gobernadas por el PP que han plantado al ministro y que han provocado la suspensión de la sectorial por falta de quorum han sido la de Madrid, Andalucía, Galicia, Cantabria, La Rioja, Comunidad Valenciana y Aragón.
El consejero de Justicia de la comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha acusado al Gobierno de “cerrazón”. “Nos vamos como vinimos, porque prácticamente lo único que hemos visto es que aquí se quería hacer un paripé. Ninguno de los puntos que nos parecían fundamentales para poder abordar la ley han sido recogidos ni incorporados al orden del día”, ha manifestado.
“Descortesía” institucional
Tras el plante de las comunidades gobernadas por el PP, el ministro ha calificado de “descortesía y gamberrismo institucional” la acción acometida hoy por estos territorios, que buscan la “confrontación”: El PP tiene “comportamientos ultras”, “cada vez se parece más, como dos gotas de agua, a Vox”, ha lamentado Bolaños.
Para el titular de justicia, el PP ha perdido ya “toda institucionalidad” como formación política, y ha contrapuesto la posición de Cataluña, que “ha vuelto” -en alusión a la etapa del proceso soberanista- frente a la del PP, que “se va y boicotea la normalidad institucional”.
Las comunidades autónomas que sí iban a participar en esta sectorial que finalmente se ha suspendido han sido las de Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias y Canarias.
Todas ellas han lamentado el plante de los populares, que “han supeditado los intereses partidistas a los generales” mediante una “absoluta falta de respeto institucional”.
El ministro ha hecho una férrea defensa de la nueva ley, la cual permitirá “descongestionar” los juzgados de lo civil y mercantil, ya que en todo procedimiento en este ámbito será primero necesario acudir a una mediación entre ambas partes para buscar una solución antes de llegar a una demanda judicial.
El conseller de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Ramon Espadaler, ha reiterado su compromiso en el despliegue de la nueva ley, y ha recordado que el Govern ha firmado un acuerdo con los 14 colegios de abogados catalanes para garantizar la justicia gratuita para aquellas personas vulnerables que no puedan asumir los gastos de la mediación.
