São Paulo, 29 ago (EFE).- Un tribunal condenó a la filial brasileña de Volkswagen por ejercer trabajo análogo a la esclavitud en una hacienda dedicada a la cría de ganado en el estado de Pará, en el norte del país, durante la dictadura militar brasileña, en las décadas de 1970 y 1980.
De acuerdo con la condena divulgada este viernes por el Ministerio Público de Trabajo, Volkswagen Brasil deberá pagar 165 millones de reales (aproximadamente 30 millones de dólares), así como también reconocer públicamente su responsabilidad en los hechos y pedir disculpas a los trabajadores afectados y «a toda la sociedad brasileña».
El Ministerio Público de Trabajo celebró la condena, la cual, según la entidad, se trata de «la mayor de la historia» para una causa de trabajo esclavo en Brasil.
Consultada por EFE, Volkswagen Brasil aún no se pronunció. De acuerdo con fuentes citadas por el medio brasileño ‘UOL’, la empresa apelará la decisión judicial.
El juez responsable por la decisión, Otavio Bruno da Silva Ferreira, argumentó que existen pruebas que constatan que la empresa no solo invirtió en esta hacienda, sino que también «participó activamente de su conducción estratégica, beneficiándose directamente de la explotación ilícita de mano de obra», según una declaración citada por el Ministerio Público en su nota oficial.
Además, el juez declaró que «en los años en los que se dieron los hechos» denunciados, la empresa «contó con recursos públicos y beneficios fiscales que ayudaron a impulsar su negocio de cría de ganado, convirtiéndolo en uno de los mayores centros del sector».
Los hechos ocurrieron durante las décadas de 1970 y 1980 en la Hacienda Vale do Rio Cristalino, conocida como ‘Hacienda Volkswagen’, en el municipio de Santana do Araguaia, del estado de Pará, donde centenas de trabajadores eran sometidos a ejercer su labor «en condiciones degradantes», bajo situaciones extremas de violencia, vigilancia armada, alojamientos precarios, alimentación insuficiente y privados de asistencia médica, de acuerdo con testimonios que constan en la causa.
El caso llegó a manos del Ministerio Público en 2019, que decidió procesar a la empresa en diciembre de 2024, tras una extensa investigación, en la que creó un grupo de trabajo especial para reunir la documentación pertinente y llevar a cabo una serie de audiencias con testigos.
Según el fiscal laboral Rafael Garcia Rodrigues que coordinó estas investigaciones, los documentos y testimonios recabados comprueban las «gravísimas violaciones a los derechos humanos» en aquel período y permitieron «constatar la sumisión de los trabajadores a condiciones parecidas a las de esclavitud».
