Eduardo Sobreviela
Madrid, 7 sep (EFE).- Medida «inédita» y «excepcional», como la ha calificado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, o «trampa» y «chantaje», como la han etiquetado las comunidades del PP, la condonación de 83.252 millones de euros de la deuda autonómica responde a unas cuentas tan complejas como controvertidas.
El principio es claro: «corregir el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas» las comunidades autónomas durante la crisis financiera «por la falta de recursos por parte -según enfatiza el ejecutivo actual- del Gobierno de Mariano Rajoy» y así facilitar su vuelta gradual a los mercados para obtener financiación.
Paradójicamente, ya en 2018 el entonces ministro de Hacienda de Rajoy, Cristóbal Montoro, advertía: «Tenemos que ver qué hacemos con la deuda de las comunidades autónomas y, particularmente, qué hacemos con la deuda que las comunidades tienen contraída con el Estado».
Un año antes, el informe para la reforma del modelo de financiación autonómica elaborado por una Comisión de «sabios» abordó, sin acuerdo, la forma en la que se debería «metabolizar» la deuda, en particular, la canalizada con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Quita para todos
El tiempo pasó y la deuda creció y, quizá por aquello de hacer de la necesidad virtud, el impulso definitivo no llegó hasta noviembre de 2023, cuando el pacto PSOE-ERC para la investidura de Pedro Sánchez incluyó la asunción por parte de la administración central de unos 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña con el Estado.
Veintidós meses e innumerables debates después, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado esta semana un anteproyecto de ley orgánica de «medidas excepcionales de sostenibilidad financiera» para las comunidades autónomas de régimen común -todas salvo Navarra y País Vasco- que faculta al Estado a asumir 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades.
Una decisión que, según Hacienda, beneficiará a todos los territorios al reducir su pasivo, liberará unos 6.700 millones de euros del pago de intereses que podrán destinar a reforzar el Estado del Bienestar y les permitirá ganar autonomía financiera al facilitar su salida a los mercados, pero que los presidentes autonómicos del PP se niegan a aceptar.
Andalucía, la comunidad que podría condonar más deuda
Los gobiernos populares no ven ninguna ventaja a que el Estado asuma 56.456 millones de euros de deuda de Andalucía (18.791), Comunidad Valenciana (11.210), Madrid (8.644), Galicia (4.010), Castilla y León (3.643), Murcia (3.318), Aragón (2.124), Baleares (1.741), Extremadura (1.718), Cantabria (809) y La Rioja (448).
No lo ven porque interpretan que el artículo 10.1 del anteproyecto aprobado por el Gobierno les impide destinar el ahorro derivado de esa quita a gasto social al establecer que la operación «será neutral a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto de cada subsector y de las comunidades autónomas destinatarias».
Todo lo contrario que Hacienda, que explica a Efe que ese artículo dice que se tiene que cumplir con las reglas fiscales, como cualquier ingreso, igual por ejemplo que cuando las comunidades reciben más dinero de las entregas a cuenta, que nadie interpreta que no se puede destinar a gasto social.
El método de cálculo
Canarias, (3.259 millones de euros), también tiene objeciones respecto al método para calcular la cuantía de cada comunidad empleado por el Ministerio de Hacienda, que este asegura sin embargo que aplica criterios «objetivos, transparentes e idénticos para todos los territorios».
Un método de reparto que incluyó una primera fase con el criterio de población ajustada del que resultó una quita de 60.232 millones, con una media del 19,3 % de la deuda autonómica, y una segunda fase en la que se añadieron 11.514 millones para garantizar que todas las comunidades vean condonado al menos ese porcentaje.
En una tercera fase se asignaron otros 10.590 millones para elevar la asignación por habitante ajustado a las autonomías que entre 2010 y 2022 recibieron menos que la media, y a las que se les dará lo mismo por habitante ajustado que a la Comunidad Valenciana (2.284 euros).
Además, se introdujo un ajuste adicional, igualmente criticado por varias comunidades del PP, que premia con 917 millones a las autonomías que usaron sus competencias para aumentar la recaudación del IRPF, con una condonación extra del 10 % para quienes lo subieron por encima de la media y un 5 % para las que quedaron por debajo.
Adhesión voluntaria
Sí se han mostrado favorables las tres comunidades de régimen común con gobiernos socialistas: Cataluña (17.104 millones de euros), Castilla-La Mancha (4.927) y Asturias (1.508), que, salvo sorpresa, abrirán el proceso de adhesión voluntaria a estas medidas.
Como señala el anteproyecto del Gobierno, la adhesión se realizará, dentro del plazo que establezca la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en las comisiones mixtas entre el Estado y las comunidades autónomas.
En todo caso, esto no ocurrirá todavía, porque, como adelantó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, la previsión es que la norma pueda ser aprobada para su entrada en vigor «a lo largo del primer trimestre» de 2026.
