San José, 30 jul (EFE).- La Asamblea Legislativa de Costa Rica conformó este miércoles una comisión especial que se encargará de estudiar una acusación penal que incluye la solicitud de levantamiento del fuero contra el presidente del país, Rodrigo Chaves, por un caso relacionado con el supuesto manejo irregular de fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En la sesión de este miércoles, el Plenario Legislativo escogió por votación a la diputada del opositor Partido Liberación Nacional, Andrea Vargas; a la del opositor Frente Amplio, Rocío Alfaro; y al diputado del oficialista Partido Progreso Social Democrático, Daniel Vargas, como los integrantes de la comisión especial que analizará el caso.
Esta comisión tendrá acceso al expediente judicial, recibirá pruebas de las partes y emitirá un informe en un plazo de 20 días, que puede prorrogarse por otros 20.
Una vez listo, el informe será leído en el Plenario y luego los diputados votarán a favor o en contra. Para que el fuero del mandatario sea levantado se necesita el voto de dos terceras partes del Legislativo, es decir 38 votos.
Si el Congreso decide levantar el fuero del presidente, la Fiscalía General podrá continuar la investigación e indagar al acusado.
El pasado 1 de julio la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica informó que remitiría al Congreso una solicitud para el levantamiento del fuero del presidente Chaves, con el objetivo de que sea investigado por un presunto delito de concusión en el manejo de fondos del BCIE.
La decisión de la Corte Plena fue tomada con 15 votos a favor y 7 en contra, en una sesión en la que los magistrados analizaron la acusación presentada por la Fiscalía General de la República el 7 de abril pasado.
La acusación señala la responsabilidad de Chaves en un delito de concusión (delito contra los deberes de la función pública) en la contratación aparentemente a la medida para la empresa RMC La Productora S.A., con el fin de que esta prestara servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencia de opinión para la Presidencia de la República, con 405.000 dólares donados por el BCIE.
La acusación también involucra al actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, quien para el momento de los hechos investigados se desempeñaba como Jefe de Despacho del presidente Chaves, y Federico Cruz, quien fue asesor de campaña electoral y personal del presidente, y además se ha identificado como amigo del mandatario.
El caso se refiere a aparentes irregularidades en la contratación de RMC La Productora, propiedad del comunicador Cristian Bulgarelli, quien habría sido la persona que redactó los requisitos de contratación.
«Previo al proceso de contratación, los funcionarios mantuvieron contacto y varias reuniones en Casa Presidencial, donde instruyeron a Bulgarelli para que él mismo elabora los términos de referencia de su contrato», detalla la acusación de la Fiscalía General.
La tesis de la Fiscalía también indica que Bulgarelli fue obligado e inducido a que le otorgara un «beneficio patrimonial indebido producto de la contratación con el BCIE» al imputado Federico Cruz por 32.000 dólares.
El caso salió a la luz pública en diciembre de 2023 cuando el diario La Nación realizó una serie de publicaciones basadas en audios que le facilitó la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, quien ejerció ese cargo por cuatro meses desde el inicio del Gobierno del presidente Chaves, en mayo de 2022.
Según el Gobierno, fue la exministra Navarro la responsable de la contratación y la acusación contra Chaves es «absurda».
